El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha anunciado que su partido interpondrá acciones penales contra el Govern por el acuerdo que adoptó este martes en el seno del Consell Executiu en defensa de la escuela en catalán y la cohesión social. En un hilo en Twitter, Carrizosa ha explicado que las acciones van contra "este decreto que proclama su voluntad de no implementar el 25% de enseñanza en castellano, destinando recursos para vulnerar los derechos de ciudadanos amparados por el TSJ e induciendo a funcionarios a vulnerarlos también".
En un segundo tuit, el jefe de filas naranja avisa: "En caso de que algún funcionario todavía confíe en la poción de indemnidad encargada por el Govern al profesor Bacterio, hacemos un llamamiento a que no se dejen tomar el pelo: las consecuencias por incumplir la ley y las sentencias las paga quien incumple. De nada". Carlos Carrizosa también adjunta dos imágenes del documento, que se trata de un acuerdo y no de un decreto. En todo caso, no ha precisado a qué tribunal presentarán las acciones penales.
En concreto, Carrizosa se refiere al acuerdo adoptado por el ejecutivo catalán para ofrecer protección jurídica a los docentes que preserven la escuela en catalán. Uno de los acuerdos del Govern, según detalla el texto, es "proteger con todos los medios a las personas que rigen los centros educativos, a los y las maestras y al resto de personas que prestan servicios ante cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir y, de acuerdo con el principio legal de indemnidad, poner los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Administración de la Generalitat a su servicio".
Otros compromisos
El acuerdo del Govern sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social incluye dos puntos más: por una parte, "afianzar el compromiso del Govern con la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social, a todos niveles y por todas las vías institucionales, políticas y jurídicas que tenga a su disposición, así como promover el consenso y la máxima unidad política para hacerlo posible".
Por otra parte, el ejecutivo ha aprobado "exigir responsabilidades por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades que ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones".
El Govern considera que "últimamente, varias actuaciones políticas y judiciales han puesto en cuestión el modelo de enseñanza en catalán, legalmente establecido, al margen de la comunidad educativa, de la ciudadanía y de los poderes públicos elegidos democráticamente". "Hay que advertir que la lengua catalana todavía está lejos de su total normalización, ya sea porque su uso todavía es minoritario en muchos ámbitos, como el judicial, o bien porque la ciudadanía no se puede dirigir en esta lengua a las instituciones centrales del Estado y, por lo tanto, hace falta seguir impulsando y promoviendo las actuaciones necesarias para garantizar tanto su protección jurídica como su uso social", indica el ejecutivo en el documento del acuerdo.
Imagen principal: Carlos Carrizosa, en una sesión de control en el Govern en el Parlament / Sergi Alcàzar