En los tribunales, Ciudadanos se mueve como pez en el agua. Eclipsado por Vox, el partido naranja intenta volver a abanderar la judicialización de la política catalana. Esta mañana, su jefe de filas, Carlos Carrizosa ha presentado una denuncia ante el TSJC contra todos los miembros del Govern de la Generalitat como cooperadores necesarios de un delito de malversación de fondos públicos. Todo a raíz del fondo de riesgo, aprobado este jueves en el Parlament, para cubrir las fianzas de los perseguidos por el Tribunal de Cuentas.

El movimiento llega después de que la semana pasada, también Cs, pidiera a la Fiscalía abrir una investigación contra el president, el vicepresident y los consellers, así como contra los integrantes de la junta de gobierno del ICF, que validó avalar a los encausados del Tribunal de Cuentas. El órgano judicial abrió diligencias contra el personal del ICF, pero archivó la causa contra los representantes políticos porque como aforados, deben responder ante el TSJC.

Es con este argumento que Cs ha elevado la denuncia al alto tribunal. Carrizosa ha advertido que "Cs recurrirá a todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone al alcance para evitar que se siga malversando el dinero de todos los catalanes como pretende hacer el Govern con el decreto, para pagar las fianzas de Artur Mas y compañía".

Luz verde en el Parlament

Hace nada más 24 horas que el Consejo de Garantías Estatutarias dio su visto bueno al decreto del fondo complementario de riesgo que lleva el sello del conseller de Economía, Jaume Giró y la firma del president Pere Aragonès. En el pleno celebrado este jueves, el fondo obtuvo la luz verde de la cámara gracias al apoyo de los 74 diputados independentistas de ERC, Junts y la CUP, con la abstención de los comunes y el PSC, que optaron por evitar el choque con el ejecutivo catalán.

La suma que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex altos cargos de los gobiernos de Mas y Puigdemont -ellos dos incluidos- asciende a 5,4 millones de euros. La sanción impuesta se reclama por la acción exterior que llevaron a cabo entre los años 2011 y 2017, antes, por lo tanto, del referéndum del 1-O.

En la imagen principal, la reunión del consejo ejecutivo. / Jordi Bedmar