Ciutadans ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) exigiendo la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà y sancionar los miembros de la Mesa, incluida la presidenta Laura Borràs, que están participando en su defensa. El partido naranja ha presentado esta denuncia después de que ayer el pleno del Parlament aprobara presentar un recurso contencioso administrativo acompañado de medidas cautelares en contra de la decisión de la JEC, que ordena retirar el acta al diputado anticapitalista, después de ser condenado por no retirar unos lazos amarillos de su despacho de la Paeria de Lleida en periodo electoral.
Los de Carlos Carrizosa solicitan en el órgano que se adopten las medidas adecuadas para hacer posible "la ejecución inmediata" del acuerdo que emitió la misma JEC de ordenar la retirada del escaño, y reclama que se solicite a Borràs y a la secretaría general del Parlament que en el plazo de 24 horas acrediten a la JEC el cumplimiento de la orden de retirada del escaño. Asimismo Cs pide iniciar un procedimiento sancionador contra todas las autoridades del Parlament que no han colaborado al cumplir "la pérdida de condición de diputado" de Juvillà, y también a la secretaria general del Parlament "por los incumplimientos a la legislación electoral".
Guerra de competencias
Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la JEC, que se tendrá que pronunciar de nuevo en el marco de esta guerra abierta de competencias entre el Parlament y el órgano. Hace poco más de un mes, el 14 de diciembre del 2021, Juvillà fue condenado por el TSJC a seis meses de inhabilitación para cargo público por desobediencia, precisamente por la JEC.
El 17 de diciembre en el pleno del Parlament se blindó el escaño de Juvillà a través de un dictamen, y a raíz de eso la JEC abrió un embate contra la Cámara catalana, en concreto dirigido a la presidenta, Laura Borràs, a quien solicitó que lo informe sobre las decisiones, resoluciones o cualquier otra medida que tome la institución. Así lo hizo el Parlament, que presentó un informe de 20 páginas con alegaciones elaborado por los letrados con el objetivo de proteger los derechos y libertades de los diputados y sus electores. La JEC acordó el jueves de la semana pasada retirar la credencial al diputado a pesar de las decisiones y alegaciones de la Cámara catalana. De esta manera, el árbitro electoral dio la razón al PP, Vox y Ciutadans.
Una vez la JEC emitió el orden la presidenta del Parlament, Borràs aseguró que se mantendría al lado del diputado. Fue así que los grupos independentistas y los comunes iniciaron conversaciones para mirar como podrían seguir blindando el escaño de Juvillà y decidieron, en la Mesa extraordinaria del lunes, presentar un recurso al supremo contra la decisión de la JEC.