Las acusaciones de fraude electoral han irrumpido abruptamente y salpicado la campaña electoral para las municipales del 28-M, con los escándalos de compra de votos en Melilla y Mojácar (Almería), una práctica contra la ley electoral que se considera delito y puede implicar penas de prisión. Los encausados en los escándalos de compra de votos por correo, seis personas en Melilla y siete en Mojácar, podrían enfrentarse a una pena de seis meses a tres años de prisión y los "vendedores" de su voto pueden ser condenados también, como cooperadores necesarios o cómplices.
La Ley electoral establece que vender el voto no es legal, ya que este es libre y secreto y no permite cederse como obsequio ni venderse, y si se hace se incurre en un delito electoral. El artículo 146 de la ley electoral castiga con pena de prisión de seis meses hasta tres años o una multa de doce a veinticuatro meses para quien, mediante una recompensa, remuneración o promesa, solicite directa o indirectamente el voto de algún elector o lo induzca a la abstención. Además, se inhabilita al infractor para tener un trabajo o cargo público durante un período de uno a tres años.
Precedentes recientes
No es la primera vez que se da una situación similar en la historia reciente de las elecciones en el Estado español. El año 2021, el Tribunal Supremo condenar a dos años de prisión e inhabilitación al exlíder del PSOE en Melilla, Dionisio Muñoz, y al todavía presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, por comprar votos por correo a cambio de planes de trabajo durante las elecciones para el Senado de 2008.
Compra de votos en Melilla y Mojácar (Almería)
En Melilla se ha detenido a seis personas, entre los cuales hay miembros del PSOE y de Coalición por Melilla, por un presunto delito de compra de votos por correo, yendo por los barrios a ofrecer dinero a cambio del voto. De forma similar, al municipio de Mojácar, Almería, han sido detenidas siete personas, también del PSOE, acusados de intentar comprar votos por correo ofreciendo entre 100 y 250 euros por papeleta a favor del partido.
La Junta Electoral es el organismo que toma las decisiones
La Junta Electoral, el organismo regulador de los comicios en el Estado español, es la entidad que tiene las competencias para valorar cuál ha sido el grado de influencia de las irregularidades que se pueda dar sobre los resultados de las elecciones y tomar las medidas que considere oportunas. Aun así, una medida como quitar la validez a los votos por correo para estos comicios es una acción difícil de que se pueda llegar a tomar, ya que se trata de una cuestión delicada que puede incurrir en una limitación de un derecho fundamental, como es la participación y soberanía de la ciudadanía en democracia.