En España hay actualmente casi 250.000 personas aforadas, es decir, que gozan del derecho a ser juzgados por un tribunal diferente que el resto de ciudadanos.

De ellos, 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de las autonomías; 5 de ellos pertenecen a la Familia Real y el resto, 17.603, a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. En estos últimos se incluyen políticos, jueces, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado o defensores del pueblo, entre otros.

Así lo detalló en marzo del 2017 en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. La mayoría de los aforados son pues, policías estatales o autonómicos y guardias civiles, que, si delinquen en el ejercicio del cargo, deben ser juzgados en las audiencias provinciales.

Los aforamientos están regulados por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Estatutos de autonomía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes una reforma exprés de la Constitución, con carácter limitado. 

Jueces y fiscales

Los jueces -5.400- y los fiscales -unos 2.550- son el segundo y el tercer grupo mayor de cargos aforados. Si cometen algún delito son juzgados por el tribunal superior correspondiente. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, los miembros del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ son juzgados ante la sala de lo penal del Supremo si es el caso.

Familia Real

También gozan de aforamiento cinco miembros de la Familia real española. La figura del Rey, actualmente Felipe VI, es inviolable: no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad según el artículo 56 de la Constitución, incluso en su vida civil y privada. Son aforados ante el Supremo la reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias, Leonor. 

Políticos

En cuanto a los políticos aforados, su número oscila según las fuentes entre 2.000 y 2.300. Lo son el presidente y los ministros del Gobierno central, que solo pueden ser  investigados y juzgados por el Tribunal Supremo. Los presidentes y consejeros de los gobiernos autonómicos son aforados ante el Supremo o los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.

También gozan de aforamiento los presidentes del Congreso y el Senado y de los parlamentos o asambleas autonómicas; los diputados y senadores y los parlamentarios de autonomías. En el caso de diputados y senadores, el enjuiciamiento lo  debe autorizar la cámara correspondiente mediante un suplicatorio.

Otros países

España es uno de los países donde el aforamiento está más extendido. En Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos no existe el aforamiento. En Portugal o Italia solo goza de aforamiento el presidente de la República; en Francia, el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.