Hace cuatro meses que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que supuso la intervención total de las instituciones de autogobierno de Catalunya y el cese de sus representantes. Fue el día siguiente de la proclamación de independencia del Parlament, cuando apareció publicado en el BOE. Cuatro meses después, sus consecuencias se han notado y mucho dentro de las paredes de la Generalitat, ahora bajo las riendas del Estado.
El mismo Síndic de Greuges ha considerado "abusiva" su aplicación. "La interpretación que han hecho el Senado y el Gobierno del artículo 155 parece contraria a otros preceptos constitucionales", advertía en un informe sobre el 1-O hecho público en noviembre. Se refería concretamente a las decisiones de disolver el Parlament, convocar elecciones y cesar al president y el Govern. El Síndic ha abierto seis actuaciones de oficio por afectaciones que ha tenido en varios ámbitos la aprobación de esta prerrogativa constitucional.
En unos términos muy parecidos se pronunciaron los servicios jurídicos del Parlament, que el pasado enero presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155. El recurso argumentaba que "ni el Gobierno del Estado ni el Senado pueden disponer el cese de un presidente o un gobierno autonómico, y mucho menos asumir sus funciones". Asimismo, advertía que el cese representa una sanción, cuando esta no es la función del 155, y vulnera los derechos fundamentales recogidos en el Estatut y la Constitución sobre el fuero especial de los miembros del Govern. El Consell de Garanties Estatutàries también concluyó que era inconstitucional.
La asociación ServidorsCAT, plataforma que reúne trabajadores públicos de diferentes administraciones, ha elaborado un inventario de daños consecuencia de la aplicación del 155. Y aporta algunas cifras de interés: cinco miembros del Govern en el exilio, diez personas encarceladas, diez detenidas, 254 cesadas, 24 organismos suprimidos o disueltos, 16 organismos intervenidos, 108 iniciativas normativas decaídas, 12 nombramientos de cargos por parte del Gobierno español, 92 afectaciones en la contratación, 21 líneas de subvenciones paradas...
Yolanda Hernández, presidenta de ServidorsCAT, describe la situación de la Generalitat como "paralizada" y sin iniciativa, que si todavía funciona es por la mera inercia de lo que ya había en marcha. Rebate el "regreso a la normalidad" predicado por el Gobierno español: "Si ellos consideran que la normalidad es ir perdiendo el tiempo en traducir expedientes para que Madrid lo autorice todo, es que tienen otro concepto de la normalidad".
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Intervención total de las finanzas
Ya dos semanas del referéndum del 1-O, el ministro Cristóbal Montoro anunció la intervención total de las cuentas de la Generalitat, después de que el vicepresident Oriol Junqueras se negara a certificar en qué se gastaba el dinero. La ley de estabilidad presupuestaria fue la excusa perfecta del Estado para dejar a la administración pública catalana sin autonomía presupuestaria. Todo tenía que pasar por Madrid, con el objetivo de impedir que se destinaran recursos al referéndum.
El 27 de noviembre, sin embargo, el Estado decidió blindar esta intervención: lo que era un 155 de facto pasó a ser un 155 real. Seis días después de las elecciones donde el independentismo revalidó la mayoría, la tutela financiera se desvinculaba de la ley de estabilidad presupuestaria y pasaba a estar bajo el paraguas del 155. El BOE habilitaba al Gobierno español para "ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria".
Un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de diciembre también impidió que la Agencia Tributaria de Catalunya siguiera centralizando el pago de los impuestos estatales de las empresas públicas. El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, argumentó que eran "fórmulas que habían creado las instituciones catalanas para hacer la Hacienda catalana" y que no existían en ninguna otra comunidad autónoma. La delegación del pago de impuestos a la ATC, sin embargo, se hacía en virtud de la figura del apoderamiento, que está prevista en la ley tributaria española.
Pero el 155 ha tenido muchas otras consecuencias en el terreno económico, como el decaimiento de iniciativas legislativas en trámite en el Parlament, como la proposición de ley contra el abuso bancario, la proposición de ley de medidas urgentes para incentivar el alquiler de viviendas sociales y asequibles o la proposición de ley de reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Catalunya.
"El control financiero de la Generalitat ya era el máximo incluso antes del 155", denuncia Yolanda Hernández, que señala que hay un control previo y posterior de cualquier gasto, por pequeño que sea, sólo para evitar que no vaya a fines ilícitos. Y eso ralentiza el funcionamiento de la administración: "Hasta que no te dicen que es correcto, no puedes hacer nada. Necesitas autorización para todo".
Las obras de Sijena: indefensión jurídica
Probablemente una de las víctimas más conocidas del artículo 155 han sido las obras de Sijena. El Estado aprovechó la suspensión del autogobierno para cobrarse facturas pendientes. El ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, haciendo valer que también ejercía las funciones del conseller de Cultura, ordenó el traslado de las obras propiedad del Museo de Lleida a la localidad aragonesa. De esta forma pasó por encima de las decisiones que ya habían tomado sus predecesores, Santi Vila y Lluís Puig, de no devolverlas en virtud de la legalidad catalana.
Pero las obras de Sijena también han puesto de manifiesto la indefensión jurídica que comporta que el Estado tenga las riendas de la Generalitat. Méndez de Vigo ordenó a la Generalitat que retirara el recurso que había presentado contra el auto del juez, que autorizaba el uso de la fuerza para su traslado. Como la Generalitat está en manos del Estado, no puede defenderse jurídicamente ante el Estado, como pueden hacer el resto de administraciones que no están bajo la aplicación del 155.
Ha habido más casos como este, como la imposibilidad de personarse en la causa contra la violencia policial del 1-O, que impide la defensa de los intereses públicos en el resarcimiento del coste de los bienes destrozados o en la depuración de responsabilidades. Tampoco ha podido presentar alegaciones contra la suspensión de la ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
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Red exterior desmantelada
La red diplomática del Govern en el exterior ha quedado totalmente desmantelada. Con la aplicación contundente del 155, se ha disuelto el Diplocat y se han cerradp hasta once delegaciones de la Generalitat en el exterior, que ha supuesto muchos despidos de trabajadores y la rescisión de varios contratos de alquiler. Tan sólo queda abierta la oficina de Bruselas, aunque su delegado, Amadeu Altafaj, fue destituido.
Este desmantelamiento de las oficinas, que principalmente tenían una vocación de internacionalización de empresas catalanas, ha tenido un precio muy alto. El cierre ha obligado a rescindir contratos de alquiler, muchos de los cuales con severas penalizaciones para acabar el contrato antes de tiempo. Por ejemplo, el contrato de alquiler de las oficinas en Polonia establece una penalización equivalente a cuatro años de alquiler si el contrato se resuelve antes de tiempo.
Yolanda Hernández, de ServidorsCAT, subraya lo que ha pasado en el Diplocat. "Los hay que llevaban 25 años trabajando en el Diplocat -antes conocido como Patronat Catalunya-Món y Patronat Català pro Europa-, que no es una cosa nueva", pone de ejemplo la trabajadora pública. También señala que algunas delegaciones en el exterior se abrieron incluso antes del año 2000.
Políticas sociales
Según Hernández, el más afectado para el 155 es el sector social, "la parte más débil del engranaje". En este sentido, la funcionaria lamenta que la falta de impulso de un Govern se traduce en una falta de impulso en políticas sociales. "No hay impulso normativo por ejemplo en materia de vivienda, ahora tan necesaria", asegura. También se han paralizado hasta 400 proyectos que tienen que ver con ciudadanía e inmigración.
Hay una veintena de líneas de subvenciones bloqueadas. Una de ellas es el programa temporal para la atención de menores no acompañados. "Este bloqueo perjudica no sólo a los menores no acompañados que no reciben la atención que les corresponde sino también a los profesionales (235) a los que restan pendientes de que se haga efectivos su contratación", denuncia el inventario de daños de la asociación. También hay bloqueo en la contratación de personal investigador juvenil o en la creación de plazas con financiación público para personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental.
Los inmigrantes, unos de los colectivos más débiles, también es uno de los más afectados. Entre la treintena de programas afectados por el 155, hay el de mejora de la ocupabilidad de las personas inmigradas, refugiadas y reanimadas, el de apoyo a los catalanes en proceso de emigración y emigrados, o de ciudadanía activa contra las discriminaciones, el racismo y las ideologías del odio.
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Memoria histórica y LGBTI
La aplicación del 155 ha ido mucho más allá de cesar el Govern y disolver el Parlament. Tanto es así que, según su último informe anual de 2017, el Síndic de Greuges ha iniciado hasta seis actuaciones de oficio --que actualmente se encuentran en trámite-- por vulneraciones de derechos en varios ámbitos.
Por ejemplo, se ha producido una paralización del contrato programa 2016-2019 para la coordinación, cooperación y colaboración entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y el Ayuntamiento de Barcelona en materia de servicios sociales, por un valor de 52,3 millones de euros.
En materia de memoria histórica, está analizando la suspensión de pago de indemnizaciones a los expresos políticos de la Guerra Civil y el franquismo o la afectación del plan de fosas. También está bajo lupa la paralización de la aprobación del decreto que desarrolla el Consejo Nacional LGTBI, el órgano de participación ciudadana en materia de derechos y deberes de este colectivo, y las afectaciones presupuestarias que ha tenido la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
El Síndic también estudia la "posible vulneración del marco constitucional y estatutario" después de la intervención de las finanzas de la Generalitat, que "representa de facto la suspensión del autogobierno de Catalunya".
Nuevas amenazas
La lista de afectaciones que ha tenido el artículo 155, que detalla ServidorsCAT, todavía es más larga: oportunidades económicas perdidas, pérdida de proyección internacional, alteración del funcionamiento de órganos de gobierno de organismos del sector público... También ha habido amenazas de ir más allá y utilizarlo, por ejemplo, para acabar con consensos -como el del modelo de escuela catalana- que por la vía parlamentaria no se lograría romper.
El Gobierno español y el PP han advertido que la investidura de un president en la cárcel, como es el caso de Jordi Sànchez, no normalizaría la situación y han dado a entender que esto supondría seguir la aplicación del 155, aprobándolo nuevamente en el Senado. Otros han ido más lejos, como es el caso del líder de los populares catalanes, Xavier Garcia Albiol, que ha defendido que en este supuesto incluso debería subir de intensidad.
"No sé cómo se puede intensificar. Lo siguiente es que el Gobierno español nombre a todos los consellers y altos cargos", asegura Yolanda Hernández, que señala que el decreto de aprobación del 155 es claro: debe decaer cuando se forme un nuevo Govern. Alargar la situación, advierte, podría tener graves consecuencias: "Hasta ahora vamos aguantando por la inercia anterior, pero llegará el momento en que, cuando se acabe esta inercia, no quedará nada".