El recorrido como diputada de Laura Borràs, condenada por falsedad documental y prevaricación administrativa por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se decidirá en cuestión de horas. El horizonte temporal se agota y la determinación de Borràs para resistir al frente del Parlament de Catalunya chocará con la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que se reúne este jueves a la 1 del mediodía con un orden del día que incluye la situación de la presidenta suspendida. Desde hace más de una semana que la JEC tiene sobre la mesa los escritos de Vox, el Partido Popular y Ciudadanos reclamando que aplique la sentencia, le retire el acta de diputada y encuentre la solución al laberinto que hay en la cámara catalana.
Los 15 vocales del órgano que regula los procesos electorales tienen en sus manos dirimir qué pasa con el escaño de Borràs en la cámara catalana y nada hace que pensar que no lo acaben cesando como parlamentaria. En este punto, tal como afirman fuentes jurídicas, se apuntan dos posibles salidas al enredo, que ahora entra de lleno en el terreno administrativo. Teniendo en cuenta los precedentes del expresidente Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, los dos condenados por desobediencia por no retirar una pancarta y lazos amarillos en periodo electoral, la JEC tiene la posibilidad de reclamar al Parlamento que retire la credencial a Borràs en virtud del artículo 6.2.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) con el argumento de la "inelegibilidad sobrevenida".
El artículo en cuestión desgrana que son "inelegibles" los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado. En base a eso, la JEC interpreta que tanto la prevaricación a la cual se ha condenado Borràs como la desobediencia perpetrada por Torra y Juvillà son delitos contra la Administración Pública.
Aun así, se observa una diferencia entre los casos de Torra y Juvillà, y el de Borràs. En esta ocasión, la JEC, como organismo permanente, tiene la opción de traspasar la responsabilidad a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que se ha constituido de forma temporal a razón de la convocatoria de las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo. El órgano está presidido por el magistrado de la sección 15 Civil José María Ribelles, tiene dos vocales judiciales - la magistrada de la sección 12 Civil y gran defensora de la mediación en la resolución de conflictos, Raquel Alastruey, y el magistrado de la sección 7 Penal Enrique Rovira-, la delegada provincial de la Oficina del Censo Electoral es Nuria Pastor y la secretaria recae en Antonia Jiménez.
Derivar el caso de Borràs a la capital catalana supondría ganar cierto margen de tiempo porque los cinco vocales de la JEP se tendrían que reunir para tomar una decisión definitiva, aunque podría ser en cuestión de horas o pocos días. En los supuestos de Torra y Juvillà, como las juntas electorales provinciales ya se habían disuelto, la JEC intervino directamente.
El dominio de los tiempos también es un elemento a tener en cuenta. En los precedentes citados, la JEC tardó 37 días al ordenar al Parlament que retirara la credencial a Pau Pau Juvillà desde que el TSJC publicó la sentencia contra el exdiputado de la CUP. Con Quim Torra fue más rápida y lo cesó 15 días después de la condena. Si la Junta mañana hace lo mismo con Borràs habrá tardado 14 días.
El debate sobre la presidencia del Parlamento se hará prácticamente inaplazable
En caso de que la Junta Electoral tire millas y cese a Laura Borràs, este órgano administrativo comunicará a la Mesa que expida las credenciales del siguiente miembro de la lista de Junts por la demarcación de Barcelona, que será el portavoz de Demòcrates, Toni Castellà. Habitualmente, la JEC otorga un plazo de cinco días hábiles por ejecutar esta orden. Con todo, el órgano de gobierno del Parlamento tiene la opción de presentar alegaciones, si así lo estima oportuno, y también podría presentar un recurso al Tribunal Supremo (TS), tal como hizo con Quim Torra y Pau Juvillà.
En todo caso, eso solo postergaría unos días la actuación sobre el acta de Borràs que, en el momento que deje de ser diputada, la presidencia del hemiciclo quedará vacante. Si la Junta Electoral Central pasa la pelota a la provincial, cualquier decisión que adopte esta última puede ser recurrida por la defensa de la presidenta de Junts per Catalunya, que también puede alargar solo unos días la decisión final aunque fuentes jurídicas aseguran que no tendría ningún recorrido.
Los precedentes de Torra y Juvillà, sin embargo, complican las posibilidades de Laura Borràs para mantenerse como diputada suspendida de derechos y deberes hasta que, hipotéticamente, el TS confirme la firmeza de la sentencia. De hecho, la dirigente juntaire acabó acatando el orden de la JEC con el caso Juvillà antes de que el Supremo se pronunciara sobre los recursos y son justamente estos dos casos los que demuestran la complejidad del futuro de Laura Borràs en la cámara catalana. Tanto Torra como Juvillà presentaron recursos al alto tribunal, que avaló que la Junta Electoral les retirara el acta con la aplicación del artículo que hace referencia a la "inelegibilidad sobrevenida" por sus condenas por desobediencia aunque la sentencia no fuera firme.
Más tarde, también el Tribunal Constitucional rechazó los recursos del expresidente Torra contra la retirada de su acta, una cuestión ya elevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se espera que Juvillà siga los mismos pasos hasta llegar a las instancias europeas, y Laura Borràs ya indicó el mismo día de la sentencia que su defensa adoptará todas las medidas necesarias para defender su "inocencia" —con el apoyo de Junts—.
Si la presidenta de Junts pierde el acta y el Parlamento se queda sin presidencia, lo cierto es que el reglamento no especifica cuándo se tiene que activar la elección de este cargo, pero todos los grupos —excepto Junts— insisten en "poner fin" a casi ocho meses de interinato. El PSC ya ha anticipado que, si Borràs deja de ser diputada, pedirán inmediatamente la celebración de un pleno para escoger a quién tiene que encabezar la cámara. En esta línea, Esquerra Republicana considera que eso abriría "una nueva oportunidad" para "rehacer el acuerdo" entre los partidos independentistas y apunta que la cámara tiene que estar liderada por una persona de estas formaciones. Los republicanos han abierto la puerta a otorgar la presidencia del Parlament, de nuevo, a Junts per Catalunya; mientras que la CUP también ha precisado que no contribuirán a dar la presidencia a "cualquier partido del 155".
¿Anna Erra, futura presidenta del Parlamento?
Aunque Junts reitera que no tomará posicionamiento hasta que se encuentren con el escenario de Laura Borràs sin acta de diputada, y que la semana pasada Aurora Madaula y Jaume Alonso-Cuevillas propusieran la restitución de la presidenta del hemiciclo —un planteamiento que no comparte todo el grupo parlamentario y que también ha generado incomodidad en miembros de la ejecutiva—, el partido luchará por mantener la segunda autoridad del país y el nombre con más fuerza para asumir este papel es Anna Erra, alcaldesa de Vic. Por su parte, el PSC no ha descartado presentar a un candidato a la presidencia de la cámara, pero tampoco se ha desmarcado de la posibilidad de votar algún miembro propuesto por algún otro partido. Este mismo miércoles, sin embargo, Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a votar una presidencia de los socialistas.
Aún así, hay que añadir la propuesta de reforma del reglamento del Parlament que presentó la semana anterior el PSC para poder destituir a Laura Borràs sin que la sentencia sea firme. El hecho de que este martes se decidiera a la Junta de Portavoces no tramitarla por la vía de lectura única, sino por la de urgencia extraordinaria, imposibilita que llegue al próximo pleno, que se celebra del 18 al 20 de abril. Eso sí, el debate a la totalidad de esta proposición se hará el primer pleno de mayo, del 2 al 4 de este mes, pero todavía quedará el trámite de la ponencia y el debate final. Con estos plazos, muy probablemente no tendrá ninguna implicación en el caso de Laura Borràs y, además, tampoco cuenta —hoy por hoy— con el cuórum de la mayoría de los grupos parlamentarios. Así pues, el efecto más inmediato será el que decida la Junta Electoral. El tiempo se acorta.