Si hace unos días los abogados de la mayor parte de las víctimas recurrían la sentencia de los atentados de Barcelona y Cambrils, ahora es el padre del niño que murió en la Rambla, con la voz de su abogado Jaume Alonso Cuevillas, quien ha presentado el recurso a la sentencia.
El argumento de base es el "derecho a saber la verdad", que según el abogado se vulneró en todo el proceso. También que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva por no haber condenado por asesinato y lesiones terroristas a los tres acusados, a los cuales el tribunal consideró culpables y los condenó a 107 años en total de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista, en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.
Pero ni la sentencia ni el juicio aclararon quién había detrás de todo. Quién era el cerebro de la organización, y sobre todo, si tenía vínculos con la policía española y si los Mossos d'Esquadra habrían podido evitar la masacre si hubieran tenido toda la información.
Cuevillas, en su recurso, hace responsable, en parte, al estado español, y reclama una responsabilidad civil subsidiaria. Y según el texto, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, remarcan una "inexcusablemente negligencia grave por no haber adoptado las cautelas normativas necesarias para prevenir la venta de los explosivos que pretendían causar una masacre". "Si el estado español hubiera adoptado las medidas normativas necesarias para evitar la venta incontrolada de los precursores necesarios para fabricar el explosivo Madre de Satán, no habrían podido comprarlos, ni fabricar los explosivos, ni alquilar las furgonetas con las que asesinaron al pequeño Xavi y al resto de víctimas", añade el texto del recurso.
El abogado mantiene su principal hipótesis durante el juicio ahora también en el recurso sobre "si sobrevivió algún miembro de la célula y, singularmente, el imán de Ripoll en la explosión de Alcanar". Y si los servicios secretos actuaron de manera negligente a la hora de detectar e impedir un atentado terrorista que impactó dos meses antes del referéndum del 1-O y en pleno debate independentista, y que puso entre la espada y la pared a los Mossos d'Esquadra.
El derecho a saber la verdad
Según el recurso, no se ha protegido a las víctimas ni su derecho a saber la verdad: "Un derecho fundamental de tercera generación".
En este sentido, el recurso también es crítico con la instrucción judicial, que "no ha permitido dar una respuesta satisfactoria a ninguno de los dos interrogantes". El principal, sin embargo, saber si el imán de Ripoll todavía está vivo. Una hipótesis que ha mantenido Cuevillas desde el principio, que no pudo ni siquiera intentarla poner sobre la mesa del juicio porque se le denegaron todas las pruebas y testigos al respeto.