La respuesta a la propuesta que da el Tribunal Supremo a los presos independentistas ya ha empezado a resonar. El primero en mostrarse tajante ha sido el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todos ellos tienen cinco días para presentar sus escritos y defenderse para justificar su indulto.
Una propuesta del TS que Cuixart ve como la manera de obligarles a aceptar una reflexión de sus actos que en ningún caso considera que deban hacer: "¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y por todo el mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes. ¡Lo volveremos a hacer! ¡Viva Catalunya libre!", ha escrito en Twitter, donde ha acompañado la frase con un hashtag, "No en mi nombre".
Ahora mismo, ir por la vía del Tribunal Supremo y depositar esperanzas resulta difícil de creer para todos ellos. Así, hay que recordar que la Fiscalía reitera su oposición a los indultos y los fiscales del TS van más allá y también se han opuesto a los indultos a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, que se tienen que sumar a los nueve encarcelados: Cuixart, pero también Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva.
En la línea de Cuixart, se ha expresado recientemente el conseller Josep Rull: "Ábalos, ministro del gobierno que nombró a una fiscal general del Estado que insiste en pedir que renunciemos a nuestras ideas legítimas para salir de la prisión, exige ahora —encendido, en un miting— que se respeten los derechos humanos. Sin comentarios".
El conseller se refería a las palabras del ministro durante la campaña del PSOE para las elecciones de la Comunidad de Madrid donde lamentaba que la justicia hubiera archivado la denuncia contra Vox por atacar a los menores extranjeros no acompañados. José Luis Ábalos decía: "Seremos proactivos, nos sumamos a los recursos de la Fiscalía y este tema, sin duda, si tiene que acabar en el Constitucional, acabará. Estamos hablando de valores y derechos fundamentales que forman nuestro ordenamiento constitucional y, por lo tanto, no estamos ante una cuestión de menor entidad para despachar así".
A pesar de todo, la vía burocrática continúa. La Sala II del Tribunal Supremo ha dado hoy un plazo de cinco días para presentar alegaciones. Una vez recogidas las alegaciones, sólo faltará el dictamen del Tribunal Supremo para tramitar todo el expediente a la Moncloa, que es quien acabará decidiendo sobre si da o no los indultos. Una vez decidido, y en el caso de que el Gobierno conceda el perdón a los condenados por el procés, el último trámite se hace en la Zarzuela. El Rey es quien finalmente firma los indultos a petición del Ejecutivo.