Las principales ramas del independentismo, partidos políticos y entidades sociales, se reúnen este domingo en Waterloo, Bélgica, con el objetivo de abordar el actual panorama político y coordinar la estrategia con respecto a la amnistía y el retorno de los exiliados, según ha adelantado La Vanguardia y ha podido confirmar El Nacional. Una cumbre del independentismo que se produce después de que, con la ley para exonerar las responsabilidades penales derivadas del procés ya aprobada, los magistrados del Tribunal Supremo (TS) se resisten a aplicarla a los líderes encausados por malversación: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig —y a los ya condenados e indultados después en 2021, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
En el encuentro, pues, habrá representantes de Junts (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la CUP, por lo que respecta a los partidos políticos, así como de las principales entidades sociales de carácter independentista: Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República y el Associació de Municipis per la Independència (AMI). Asistirá el expresident de la Generalitat y líder de facto de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull; mientras que, por parte de los republicanos, estará la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Anti-Represiva, Marta Vilaret, y el secretario general adjunto de Estrategia, Juli Fernández. También Lluís Llach por parte de la ANC.
El Supremo rechaza amnistiar a Puigdemont y Junqueras
La reunión se produce en un contexto contemplado, si bien no deseado, por parte del independentismo, en el cual los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de la causa del 1-O, y el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, han rechazado de manera coordinada aplicar la norma de olvido penal a Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa. Los jueces consideran que no pueden amnistiar la imputación que tienen encima por malversación de caudales públicos porque consideran que "se enriquecieron personalmente con carácter patrimonial", una excepción que la ley presenta.
Paralelamente, una cincuentena de policías y mossos de escuadra encausados por la actuación violenta para reprimir el referéndum del 1-O sí que se han visto beneficiados por la ley. También se ha aplicado la amnistía a algunos manifestantes contra la sentencia del procés que habían sido detenidos y procesados por los disturbios que protagonizaron. Llarena, por su parte, sí que ha aplicado la amnistía a otra líder independentista, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, procesada por desobediencia para el 1-O, y le ha retirado la orden de búsqueda que tenía vigente, por la cual se marchó a Suiza —si bien todavía queda como investigada en la causa contra Tsunami Democràtic por "terrorismo" que tiene abierta la Audiencia Nacional—.
Aunque las defensas de los acusados, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado se han mostrado favorables a aplicar la medida de gracia y han instado a los magistrados del Supremo a que lo cumplan, la negativa de los jueces hace prever que la lucha en los tribunales será larga, justo cuando este jueves la norma del olvido penal al procés cumplirá el primer mes en vigor. Acabada la vía del Supremo, los encausados pedirán amparo al Tribunal Constitucional, al cual también quieren consultar los magistrados del Supremo por su escepticismo sobre la constitucionalidad de la ley.