La alcaldesa de Berga de la CUP, Montse Venturós, no se ha presentado hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Berga donde tenía que personarse acusada de un presunto delito electoral. Venturós hizo caso omiso a los requerimientos de la Junta Electoral Central de retirar las esteladas del balcón del Ayuntamiento de Berga en las pasadas elecciones autonómicas del 27 de septiembre y en las generales del 20 de diciembre del 2015.

A pesar de eso, Venturós ha ido ante el juzgado para explicar que no pensaba entrar a declarar. “Hoy no declararé, desobedeceré por la independencia, por coherencia con el derecho a desobedecer, que es la herramienta que ha escogido la CUP para defender los derechos civiles y sociales de los independentistas ante el embate de los tribunales españoles. Desobedeceré, sin miedo, para obedecer el mandato del pueblo y no de los tribunales españolistas”, ha dicho. Después, en rueda de prensa, ha asegurado que "a quien tengo que obedecer es al pueblo y en ningún caso a un juzgado".

La alcaldesa ha hecho también un llamamiento a la sociedad civil catalana a apoyar a los cargos electos que decidan desobedecer, independientemente de que cada partido independentista pueda recomendar a sus electos hacerlo o no.

Apoyo en Berga

Venturós ha estado acompañada por representantes de la Assemblea Nacional Catalana, como su presidente Jordi Sànchez, de Òmnium Cultural, de Súmate, de concejales de otros grupos políticos del Ayuntamiento de Berga y de concejales y alcaldes de la CUP de ayuntamientos requeridos también por la Audiencia Nacional. De hecho, el diputado de la CUP en el Parlament, Benet Salellas, considera que la no declaración de Venturós es "un acto de ruptura democrática".

Venturós también ha adelantado que el Ayuntamiento de Berga recibió la semana pasada el requerimiento de la Audiencia Nacional por haber aprobado la moción de apoyo a la declaración del 9N. “Alguna cosa debe tener si tanto miedo les da”, ha ironizado.

Hay que recordar que la CUP convocó una manifestación nacional para el 7 de mayo en el marco de la campaña abierta a todas las formaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los cargos electos y a las instituciones investigadas por los tribunales españoles por ser independentistas.