Anna Gabriel ha decidido refugiarse en Ginebra principalmente por dos motivos. En primer lugar, para abrir un nuevo foco de internacionalización del conflicto catalán, después del exilio del president y cuatro consellers en Bruselas. En segundo lugar, porque creen que el sistema suizo es mucho más garantista, y pondría las cosas más complicadas a la justicia española para extraditar a la exdiputada cupera.
Para empezar, las órdenes europeas de detención no sirven para Suiza (porque no forma parte de la Unión Europea), sino que se tiene que emitir una orden específica. En caso de que el juez Llarena así lo solicitara, sin embargo, se tendría que enfrentar a un complejo sistema de instancias, que permitiría la presentación de varios recursos y alargarse mucho en el tiempo.
Según Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, este proceso podría alargarse más de un año, si finalmente diera frutos. El abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas, que forma parte del equipo de defensa, habla de un plazo también largo: entre seis y diez meses.
"Lo que hace Anna Gabriel es convertir una mera declaración judicial en un problema internacional", asegura Urías. El mismo Salellas ha adelantado que, en caso de que se emita una orden de extradición, la exdiputada solicitará el asilo político.