El primer día del Govern Aragonès ha empezado con un buen marrón encima de la mesa: un desahucio a cargo de los Mossos d'Esquadra. Justamente este tipo de hechos se habían puesto, negro sobre blanco, en los acuerdos entre ERC y la CUP. Y no se ha hecho esperar la respuesta de los anticapitalistas, tanto desde las calles como desde las instituciones. La diputada en el Congreso, Mireia Vehí, ha constatado como no han hecho falta ni "cien días de gracia". En este sentido, ha advertido al nuevo ejecutivo catalán que "un gobierno que hace políticas de derechas es un gobierno de derechas". Y ha remachado: "Eso no es un cambio de ciclo, señor Aragonès". Por eso ha reclamado una modificación inmediata del protocolo de lanzamientos.
En rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, la parlamentaria cupera ha denunciado justamente que la policía catalana "está desahuciando a gente vulnerable" con un dispositivo policial "desmesurado" y con "la colaboración con la empresa de extrema derecha Desokupa". Ha contrapuesto esta imagen con la de hace unos días en Escocia, cuando la movilización popular impidió el desahucio de dos refugiados por parte de la policía. "Le hemos dado 100 días, pero la realidad se impone y desborda. Hacen falta políticas de vivienda ya", ha reivindicado Vehí. También ha reclamado al nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que se "desmarque" de la colaboración con Desokupa.
"La presión la pone la realidad en Catalunya; la vivienda es un ámbito que llama a la necesidad de políticas públicas", ha insistido la diputada de la CUP en el Congreso de los Diputados. Y ha recordado los compromisos a los que llegaron ERC y la CUP para la modificación de los protocolos, con referencias a la Brimo y las ARRO. Hace falta que "el Govern de la Generalitat se ponga a trabajar en esto", ha reiterado Mireia Vehí. Y ha concluido: "Los problemas de vivienda se solucionan con políticas públicas de vivienda, no con orden público".
Aragonès promete cambios
No han pasado ni 12 horas de su toma de posesión y Pere Aragonès se ha encontrado ya con la primera patata caliente encima de la mesa. Cuando todavía no ha tenido tiempo ni siquiera de nombrar a su gobierno, en el que sólo repetirán dos consellers, el nuevo president se ha levantado con la polémica por la participación de los antidisturbios en un desahucio en el barrio del Poble-sec, en Barcelona. Y no ha tardado en posicionarse públicamente sobre el caso, lamentando que está con las manos atadas. "Tenemos muy claro que no se hay que ir con la Brimo, pero es una decisión judicial. Hoy [la Brimo] no actúa por mandato policial, sino judicial", ha concluido ante los micrófonos de Catalunya Radio. A pesar de todo, el president ha prometido cambios.
Nogueras: "Plena confianza"
Por parte de Junts, la portavoz Míriam Nogueras ha confiado en que el nuevo Govern de la Generalitat será capaz de resolver el "problema endémico" de los desahucios en Catalunya. En este sentido, ha subrayado que "todo viene de órdenes judiciales y no políticas". Ha considerado una "muy mala noticia y una tragedia" que no se pueda dar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que se ven afectadas por un desahucio.
Bel critica a la CUP
En nombre del PDeCAT, el diputado Ferran Bel ha criticado los acuerdos entre ERC y la CUP: "Si uno firma unos compromisos de difícil cumplimiento, es previsible que aquel con quien los has firmado te los exija". Ha lamentado que estos compromisos entre republicanos y cuperos tiene como objetivo "debilitar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra". Y ha advertido: "Si no actúan los Mossos, tendrán que actuar la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nos parece un error".