Ofensiva definitiva de la CUP contra el proyecto de BCN World. Después de meses criticando la iniciativa, la cual tildan de "nociva", la diputada Natàlia Sànchez ha anunciado este martes desde el Parlament que la formación presentará una denuncia contra el proyecto ante la Oficina Antifraude. Concretamente, los cupaires denunciarán "el proceso de compra venta de los terrenos tóxicos del BCN World por parte del Incasòl".
Hay que recordar que los terrenos actualmente son de CaixaBank y la compra se haría por parte, precisamente, de Incàsol, empresa pública dependiente de la conselleria de Territori i Sostenibilitat".
"Presentamos esta denuncia porque no sólo queremos que se pare el proyecto, sino que se señalen a los responsables políticos", ha reivindicado Sànchez añadiendo que se podría llegar a presentar una querella que todavía no está lo bastante definida como para saber contra quién iría. Sin embargo, ya ha advertido que los departamento responsables de la operación son los de Economía y Territorio, "encabezados por el vicepresident Pere Aragonès y el conseller Damià Calvet", ha recordado.
La diputada anticapitalista también ha informado de que la formación exige a la conselleria de Territori que, "previa a la concertación de ninguna obligación, solicite un informe a la Junta Consultiva de Contratación administrativa que se pronuncie sobre si esta operación se ajusta a la legalidad". La CUP también solicitará informes a la Sindicatura de Cuentas y al Síndic de Greuges para que valoren el proyecto y si este "se adecua a la legalidad".
Por su parte, la concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona Laia Estrada ha calificado el proyecto de "fraudulento" y de "no responder a los intereses del territorio". "Llevamos años sufriendo un castigo en cuanto al medio ambiente en el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro. Siempre hemos denunciado que es una irresponsabilidad aglomerar a tanta gente al lado del complejo petroquímico", ha denunciado.
Apuntando a la naturaleza de la operación, Estrada ha acusado al Govern de estar rescatando unos terrenos privados a costa de fondos públicos.