La CUP y CSQP han presentado este miércoles enmiendas conjuntas a la nueva ley de emergencia habitacional que está redactando el Parlament. Las enmiendas incorporan tres grandes objetivos: que la vivienda sea considerada "bien de interés general", que se regule el concepto de "alquiler abusivo" y también el derecho a la ocupación de viviendas en una situación de emergencia.

Los diputados Lluís Rabell (CSQP) y Joan Garriga (CUP) han explicado que la voluntad del Parlament es celebrar el debate final de la ley en el pleno del 20 de diciembre, por lo que se abren dos semanas de intensas negociaciones entre los partidos.

Partidas abiertas

Los diputados han incidido en la necesidad de que la ley contemple que la vivienda es un bien de interés general. Rabell ha explicado que, si es así, los presupuestos tendrían que fijar una "partida abierta" para dar cobertura a las necesidades que surjan.

Alquiler abusivo

Otro punto destacado es la introducción del concepto de "alquiler abusivo": "Corremos detrás de los acontecimientos. Los ayuntamientos nos dicen que se les ha escapado de las manos", ha señalado Rabell, que también ha advertido, sobre todo refiriéndose a Barcelona, que si no ponen remedio acabaremos teniendo barrios de "pijos".

"En Barcelona el tema es especialmente grave. De cada 4 pisos ofrecidos en alquiler, 3 pasan de los 1.000 euros".

En este sentido, la enmienda de los grupos plantea que se considerará abusivo "el alquiler de una finca urbana destinada a la vivienda habitual que suponga para el arrendatario un esfuerzo económico superior al 30 por ciento de los ingresos de los hogares del municipio donde se ubica".

Ocupación por necesidad

La norma también aspira a regular las ocupaciones de viviendas, facilitando que se conviertan en "vivienda habitual" de personas en situación de exclusión residencial, o para combatir a las mafias que los ocupan con fines lucrativos, han explicado los dos diputados.

Ayuntamientos

Por su parte, Joan Garriga ha remarcado que la ley tiene que dar instrumentos a los ayuntamientos para hacer frente a este gran problema: "Son los que están en primera línea y tienen que recuperar la función social de la vivienda".

Sanciones

Garriga ha defendido que el mejor instrumento para desbloquear la situación sería la sanción administrativa -por ejemplo, a los grandes tenedores de pisos vacíos- pero Rabell ha declarado que esta opción "es más un deseo que una realidad" porque la administración no tiene competencias en ello. Aun así, ha matizado que sí hay determinadas intervenciones de las administraciones locales para hacer frente o contener algunas intervenciones.

Una ley de consenso

En cualquier caso, tanto CUP como CSQP votarán a favor de la ley. "El objetivo de las enmiendas es mejorarla", ha señalado Garriga. Los grupos se reunirán el lunes y el martes se tendría que concretar el texto de la ponencia.