La CUP ha denunciado que un decreto del Govern permitirá que empresas sancionadas presten servicios sociales. Se trata del Decreto ley 7/2024, aprobado por el ejecutivo en funciones y que este jueves se validará en el Parlament. "Tendrá un impacto directo y perjudicial hacia los usuarios de la red de servicios sociales de atención pública: centros residenciales en centros de atención diurna, servicios para niños tutelados, personas mayores, personas con discapacidad, prestaciones o recursos para personas vulnerables y un largo etcétera", han explicado este miércoles a los anticapitalistas.
La cosa es que el decreto "rebaja el nivel de exigencia en la calidad de toda la red de servicios sociales de atención pública y reduce las herramientas para garantizar un buen servicio en aquellos casos delegados a empresas o entidades privadas". "Una medida que solo tiene como objetivo que las empresas privadas que actualmente están prestando el servicio puedan seguir prestando el servicio aunque no cumplan los requisitos que impone la ley", ha señalado la diputada Pilar Castillejo.
Más de un millar de empresas
Desde la CUP han avisado que, con el decreto, "la empresa o sus responsables pueden haber sido sancionados de forma grave o muy grave y, sin embargo, se podrá renovar la acreditación necesaria para prestar servicios a la red de Servicios sociales". "Algo que vulnera el decreto del 2020 de regulación de la concentración y gestión delegada de la Red de Servicios Sociales con empresas y entidades privadas que marcaba la acreditación de la calidad del servicio dando cuatro años para cumplirla. Un plazo que acaba ahora y que verá modificados los requisitos con el decreto impulsado por el actual gobierno en funciones", han añadido.
Los anticapitalistas han recordado que "hay más de un millar (de empresas) que ya se ve que en el 2025 no reunirán las condiciones requeridas con respecto a los estándares de calidad en la estructura, instalaciones y equipamientos". "Si mañana se valida el decreto, la Generalitat aceptará que, en octubre del 2025, puedan seguir prestando el servicio, a pesar de que las condiciones de las plazas no permita el concierto, mientras la persona que ahora lo esté ocupando lo siga haciendo", han añadido.
Una "condena de por vida"
Castillejo ha denunciado que "en lugar de obligar los privados a cumplir la ley en los términos de calidad de la prestación del servicio determina, se condena de por vida la persona que está ocupando esta plaza a vivir en estas condiciones". Estamos hablando de habitaciones sin ventilar, o con tres camas o más. Y en lugar de obligarlos a cumplirla, obligan nuestros abuelos y abuelas a vivir en condiciones insalubres hasta su fin", ha añadido la diputada.
Ante esta situación, la CUP ha instado a votar en contra de la validación del decreto a todos los partidos que "consideren que los cuidados, la salud y la dignidad de nuestras personas mayores y de las personas vulnerables tiene que ser garantizada". Además, han registrado una pregunta sobre inspecciones y sanciones durante el 2023 en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad de titularidad pública, privadas con plazas concertadas y privadas de todo Catalunya. "Buscamos una transparencia que no se está ejecutando. No puede ser que el Govern, que está aprobando cambios legislativos en cuestiones como los servicios públicos, esté tantos meses sin fiscalización", ha justificado Castillejo.