La CUP ha presentado una propuesta de resolución que pide que el Parlamento manifieste que "hace falta garantizar el ejercicio del derecho de manifestación especialmente ante acontecimientos tan controvertidos", como el Consejo de Ministros en Barcelona de este viernes.

Esta es una de las propuestas, recogidas por Europa Press, que han presentado los cupaires para el pleno monográfico de la Cámara sobre el 6 y el 7 de septiembre del 2017, ante las movilizaciones previstas este viernes contra el Consejo de Ministros.

La iniciativa defensa que la soberanía y la autodeterminación supone garantizar el ejercicio de todos los derechos y que "el pueblo es capaz de plantar cara a la represión y el retroceso de derechos y libertades" que se vive en Catalunya, por lo cual ven necesario que desde las instituciones se defienda y promueva el derecho de manifestación.

En otra de las propuestas, la CUP quiere que la Cámara catalana constate que "el referéndum tiene un amplio apoyo transversal dentro de la sociedad catalana y es la herramienta democrática para resolver los conflictos territoriales", y que declare que el 6 y el 7 de septiembre el Parlamento obedeció la voluntad popular.

Asimismo, sostiene que la aplicación del 155 evidenció que el proceso independentista "no acabará con un proceso de la ley a la ley sino con un pueblo determinado, consciente, organizado, movilizado desde la horizontalidad en una amplia coalición de activistas y de organizaciones."

"Ninguna voluntad negociadora"

También han presentado una resolución que señala que "el Estado no tiene ninguna voluntad negociadora en relación con el derecho a la autodeterminación y que, bajo el régimen del 78, un régimen oligárquico, monárquico, corrupto y represivo hay derechos fundamentales que no están garantizados".

"En esta situación, el Govern de la Generalitat se ha visto desbordado e incapaz de asumir los compromisos electorales del 21-D, defender y ejercer los derechos colectivos del pueblo", añade.

Una de las iniciativas de los cupaires afirma que el ejercicio del derecho de autodeterminación "desencadena episodios represivos" al Estado y que este año han incrementado las agresiones de grupos de extrema derecha.

Además, piden que el Parlamento agradezca las muestras de solidaridad desde el Estado, se comprometa a aplicar todos los instrumentos necesarios para "hacer respetar la soberanía popular" ante la investigación de alcaldes para el 1-O, y reconozca el trabajo de la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, del resto de miembros de la Mesa, los presos políticos y los exiliados.