"Paradójicamente, a más represión estatal, más legitimación de la autodeterminación". Así acaba El minotaure del 78, el informe realizado por la CUP sobre la "violencia institucional del Estado español contra el proceso de autodeterminación" entre los años 2017 y 2017. Lo han presentado este martes en el Colegio de Periodistas de Catalunya, en Barcelona. A iniciativa de varias alcaldías cuperas, el documento aporta algunas cifras: 832 personas investigadas (120 encausados y 712 alcaldes citados por la Fiscalía) y 1.066 personas lesionadas por la represión del 1-O en 33 municipios. De estos heridos, al menos 400 han interpuesto denuncia. Además, han contabilizado 67 denuncias de agresiones de la extrema derecha.
Este informe, han advertido, "está vivo e irá creciendo" ante la actitud del Estado español. El objetivo es impulsar una web y traducirlo a varias lenguas. Esta misma semana irán a presentarlo a Ginebra, ante la Organización Mundial contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. "Queremos que sea un instrumento utilizado para todas aquellas instituciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos", ha asegurado el exdiputado y abogado Benet Salellas, que ha añadido que no sólo lo harán llegar a instancias internacionales, sino también a "gente organizada por todo el mundo" que ha apoyado la causa de la autodeterminación de Catalunya.
El trabajo realizado por la CUP quiere dar una visión más amplia, porque la mayoría se han centrado muy específicamente en Barcelona el 1 de octubre. El informe da una visión global del país y también tiene en cuenta los meses anteriores y posteriores al referéndum. "Todo lo que está pasando en Catalunya con estos procedimientos judiciales y policiales, con la extrema derecha en las calles, forma parte de una operación de Estado que sólo se entiende desde una coordinación de los diferentes estamentos del Estado", ha denunciado Salellas.
No se trata de un partido que gobierna en el Estado, ha continuado, sino que es una "concertación de poderes", que "ha modificado jurisdicciones, reincorporado delitos que habían pasado a la historia y reinterpretado delitos como la incitación al odio". En esta línea, ha avisado de que "los derechos fundamentales en Catalunya hoy están en riesgo por la actuación de los poderes institucionales del Estado español". Por eso han querido "dejar constancia" con El minotaure del 78. "Una de las mejores maneras para recuperar estos derechos es informarnos".
El problema de fondo
La también exdiputada Mireia Vehí ha expuesto otra de las conclusiones del informe: "La aplicación de medidas como el artículo 155 no permiten resolver el conflicto de fondo, que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha dicho. En este sentido, ha advertido que "hasta que no haya la posibilidad de garantizar este derecho, la violencia del aparato del Estado no se detendrá".
Por otra parte, Vehí también ha constatado que la "violencia institucional" no sólo es una "forma conservadora del régimen del 78", sino que también es "creadora de derecho". Por ejemplo, ha dicho, el 155 "se puede estirar ad infinitum" y, según su opinión, "configura un estado de excepción que rige la vida política y ciudadana de Catalunya". Delante de todo esto, aparte de presentarlo ante instancias internacionales, se han comprometido a sacar adelante instrumentos "garantes de derechos", como comisiones de investigación en el Parlament, "para ponerse manos a la obra y explicar al mundo y la ciudadanía cuáles son las consecuencias de este uso de la violencia como cotidianidad".
Los ayuntamientos
En la presentación del informe también han intervenido representantes del mundo municipal de la CUP. De hecho, el trabajo ha sido iniciativa de las alcaldías de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Argentona, Sant Martí Sarroca y Soriguera. "La libertad de expresión se ve coartada desde hace meses, y estas mismas semanas hemos tenido que vivir de primera mano, en nuestras calles, la represión", ha afirmado Maties Serracant, alcalde de Sabadell.
La teniente de alcalde en Cerdanyola, Elvi Vila, ha puesto de manifiesto que "los ayuntamientos hemos sido uno de los principales afectados" de la represión del Estado español. Y también del artículo 155, porque se han quedado "huérfanos de instituciones".