Por primera vez en lo que llevamos de legislatura, los contactos in extremis entre JxSí y la CUP no han servido para salvar a los junteros en una votación del Parlament. El escollo que ha puesto en evidencia sus diferencias ha sido la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL).
El punto de partida ha sido una proposición de ley del PSC que pretende volver a gestionar directamente los bienes y las instalaciones de titularidad de la Generalitat que integran la red Ter Llobregat. También prevé que la Agència Catalana de l'Aigua sea la entidad prestamista del servicio.
JxSí había presentado una enmienda a la totalidad en contra de esta proposición; sin embargo finalmente ha quedado rechazada por 62 votos a favor y 71 en contra, después de que la CUP ha votado No, lo mismo que el resto de la oposición. La cláusula prevista en el acuerdo de estabilidad que desencalló la investidura hoy se ha roto. La iniciativa socialista, por lo tanto, seguirá tramitándose en comisión.
Las diferencias
Las diferencias entre JxSí y la CUP por este tema son conocidas. Por un lado, los primeros defienden que hay que esperar a que todo el proceso judicial que rodea la privatización de ATLL quede resuelto. En concreto, esperan a que el Tribunal Supremo se pronuncie.
Según ha advertido el diputado Marc Sanglas (JxSí), la retirada de la concesión "implica el pago de indemnizaciones a Acciona, lo que, unido a un proceso de reversión de las inversiones, supone un gasto de 1.200 millones de euros". Un gasto que en estos momentos, según fuentes de la conselleria d'Economia, las arcas de la Generalitat "no se pueden permitir".
Mientras tanto, desde la CUP, el diputado Benet Salellas ha defendido que la proposición de ley de los socialistas "será una oportunidad para hablar del modelo de gestión del agua". En este sentido, los cuperos apuestan por la gestión pública del agua "global y en todas partes".