La CUP ha afirmado hoy que "no se está cumpliendo" el acuerdo de investidura de Pere Aragonès, que suscribieron los cupaires y los republicanos después de las elecciones. Precisamente según lo que pactaron, el president se tendrá que someter a una cuestión de confianza a medio mandato, para valorar si el pacto se ha respetado.
La CUP ha manifestado esta opinión después de reunir las organizaciones que integran la candidatura parlamentaria, la Coordinadora Abierta Parlamentaria (COP), para informar del estado de las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat y debatir con la militancia cuál debe ser el papel de la formación ante la acción política gubernamental y la estrategia de la legislatura.
"La COP ha puesto de manifiesto que, a día de hoy, no se están cumpliendo los acuerdos de investidura por los que se facilitó la presidencia de Pere Aragonès y que hace falta un cambio radical que muestre que este Govern quiere afrontar los retos actuales del país y no seguir priorizando los macroproyectos del ladrillo y el turismo masivo", ha indicado en un comunicado.
A pesar de la crítica, también anuncian que seguirán negociando los presupuestos con la intención de que el Govern "dé un auténtico giro a la izquierda".
Los cupaires reprochan al ejecutivo que haya rechazado "elementos primordiales" como la moratoria de los proyectiles de foam o la de las renovables, y que, en cambio, siga impulsando proyectos "en contra del territorio" como los Juegos Olímpicos de Invierno, el circuito de Fórmula 1 o la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Embate democrático
El acuerdo que suscribieron ERC y la CUP preveía un "embate democrático, preferiblemente en forma de referéndum", y precisaba que este avanzará paralelamente a "la apuesta por un proceso de negociación, para resolver democráticamente el conflicto de Catalunya con el Estado español."
Las dos organizaciones también consideraban imprescindible un cambio en las actuaciones policiales en el orden público de manera que, mientras no se publiquen los protocolos, se suspenda el uso de los proyectiles de foam por parte de los cuerpos policiales en Catalunya. "En la misma línea, acordan poder implementar una comisión parlamentaria de estudio sobre el modelo de orden público en Catalunya", anunciaban.
Las dos formaciones también veían necesario impulsar una agenda legislativa catalana en materia de vivienda, y al mismo tiempo, actualizar los protocolos para evitar desahucios a personas en riesgo de vulnerabilidad.
"Este acuerdo se regirá por una propuesta de trabajo en común por etapas que han empezado con la constitución del Parlament, seguirán con la investidura de la Generalitat e irán profundizándose a medida que la legislatura avance y los diversos acuerdos presentes se vayan cumpliendo o bien se vaya adelantando en su consecución en función de su calendarización", concluía el texto. Asimismo se dejaba claro que el pacto es "reversible" en caso de que no se avance.