La CUP vuelve a reclamar gestos inequívocos de desobediencia al Govern de Puigdemont. Después de la interpelación en el último pleno del Parlament, donde el cupaire Joan Garriga insistía en qué “la mejor respuesta a los embates del Estado, es hacer creíbles y reales los acuerdos”, la formación anticapitalista ha registrado una moción que insta al gobierno a aplicar la declaración independentista del 9N, que está anulada por el Tribunal Constitucional. Según explican fuentes de la CUP a El Nacional, el objetivo es confirmar que la declaración es “válida”. Por lo tanto, el texto, que se debatirá en el próximo pleno de la cámara, pide que el Parlament reitere la vigencia y el contenido de la resolución. Por ello, insta al ejecutivo a “no atender a la sentencia” del alto tribunal.

Los cupaires quieren también que el gobierno concrete en 30 días un “plan de trabajo” para desplegar de forma bàsica el anexo social que acompaña a la declaración de ruptura, al mismo tiempo que reclaman que se relance el procés constituent hacia la secesión. En el caso del anexo social, los cupaires celebran, por ejemplo, que el gobierno se haya ofrecido a la Unión Europea para recibir en torno a 4.500 refugiados, ya que este tema era un punto concreto acordado. No obstante, consideran que todavía no se están aplicando de forma suficiente las medidas sociales que contempla el anexo. “Se están haciendo cosas en vivienda, sin embargo los agentes sociales implicados nos dicen que es insuficiente”, argumentan estas mismas fuentes.

Deuda

Otro de los puntos del anexo social de la resolución del 9N era la creación de un grupo de trabajo sobre la deuda. De hecho, los cupaires exigen la renegociación de la deuda para liberar recursos para el plan de choque, e incluso, plantean su impago. En este sentido, en las próximas semanas se pondrá ya en marcha este grupo de trabajo que “está abierto a todos los grupos parlamentarios”. Los cupaires confían en que a pesar que la oposición esté en contra de la resolución del 9N y este grupo de trabajo sea uno de los puntos, participen finalmente. “La deuda es un problemática a la que no le pueden girar la espalda”, aseguran desde la CUP. Por parte de la CUP, prevén que su representante sea la diputada Eulàlia Reguant. 

Desobediencia

La moción insta también a “desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática de España, y en consecuencia, que el cuerpo de los Mossos no las ejecute como policia judicial". La petición va en la línea del comunicado que los cupaires emitieron este semana y donde se pide directamente a los consistorios desatender estas peticiones. Hay que recordar, por ejemplo, que la fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando Joan Coma Roura, el concejal de Capgirem Vic, por un delito de incitación o provocación a la sedición.