La CUP ha defendido este martes que la denuncia de Mireia Boya por un "episodio continuado de agresión psicológica" está siendo abordada de acuerdo con el protocolo, mediante los mecanismos colectivos, y con una voluntad más "reparadora" que "punitiva".
Sin embargo, la diputada Maria Sirvent ha explicado en rueda de prensa en el Parlament que la formación tomará las medidas convenientes y que no se descarta tampoco que se pueda echar al agresor, un militante que ahora no forma parte de la estructura del partido.
Con todo, después de que las asambleas locales de Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Vilassar de Mar y Sant Adrià del Besòs hayan emitido un comunicado manifestando que están "decepcionadas" y hayan reclamado a la formación "autocrítica" y un "mensaje sobre qué ha fallado en la gestión del conflicto".