Nueva tensión en la Fiscalía y provocada por el PP. La Junta de Fiscales de Sala, principal órgano asesor del fiscal general del Estado, se ha reunido este miércoles durante más de cinco horas (en sesión de mañana y tarde) y, finalmente, ha avalado el criterio oficial de que el ministerio fiscal tiene que pedir al juzgado que no admita la investigación de la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, realizada desde la misma Fiscalía, según ha comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE), esta tarde. Alberto González Amador presentó una querella por revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto. En el caso de la querella de González, la fiscal ha defendido que se investigue la filtración, en contra del criterio de sus superiores y, por eso, ha pedido amparo al fiscal general o a la Junta de Fiscales, reunida este miércoles para resolver este conflicto. Por el contrario, en la querella del ICAM, que ha recaído en otro juzgado, el fiscal ha pedido que se archive el procedimiento, disparidad de criterio que no se permite en la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se abstuvo en este procedimiento, y por eso, no ha asistido a la reunión, y lo que decida la mayoría de la junta no lo vincula, aunque se acostumbra a respetar. La reunión ha sido presidida por la número 2 del Ministerio Fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, que a la vez ha sido validada por la junta porque es quien habría ordenado a la fiscal que no se admitiera la querella.
Nota de desmentido
Este debate es a raíz de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid, el 14 de marzo pasado, en la cual se daban detalles sobre la investigación a Alberto González por los delitos de fraude tributaria y falsedad documental. La Fiscalía hizo la nota para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, que intentó difundir que había sido la Fiscalía y no González Amador quien había ofrecido un pacto por el delito fiscal por el cual se lo investiga. Además, este martes se ha hecho público que González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de prisión y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio, un documento que también han tenido los fiscales de sala para su estudio.
La amnistía en el Consejo Fiscal
Los fiscales de sala que han asistido a la reunión son 32, puesto que han excusado su asistencia los fiscales Antonio Vercher, fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo; Elvira Tejada, fiscal de sala de Criminalidad Informática; Alejandro Luzón, fiscal en jefe de Anticorrupción, y Jesús Tirado, fiscal de la sección del Contencioso-Administrativo, según ha informado la FGE. La fiscal María de la O Silva es quien invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para mostrar que no estaba de acuerdo con la orden que le dio la numero 2 de la FGE para que informara contra la admisión a trámite de la querella presentada por la pareja de Ayuso al juzgado; ella sostiene que hay que hacer diligencias para aclararlo.
Paralelamente a este incidente provocado por el PP, el fiscal general del Estado informará jueves Consejo Fiscal, órgano donde están representadas las principales asociaciones de fiscales, que el Senado les ha pedido un informe sobre la Ley de Amnistía del Procés. No habrá debate ni votaciones y, seguramente, Álvaro García Ortiz, indicará -como ya ha hecho otras veces- que no valoran una norma que todavía no está aprobada para respetar la tarea del poder legislativo. La conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria al Consejo Fiscal, ha estado muy crítica con el fiscal general del Estado por haber ordenado que no se analice ni se valore la ley de Amnistía hasta que el Congreso de los Diputados lo apruebe definitivamente, que se prevé a finales de mayo.
Confesión de fraude fiscal
En cuanto a la polémica de la pareja de Ayuso, esta semana se ha detallado que Alberto González Amador reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los cuales estaba acusado. El escrito, datado a principios de febrero, refleja que la defensa del empresario reconoce “íntegramente” que cometió dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, que según la Agencia Tributaria suman más de 350.000 euros, en el Impuesto sobre sociedades después de ganar varios millones de euros en comisiones a raíz de la venta de mascarillas durante la pandemia.
En total, la pareja de Ayuso se ofreció a pagar más de medio millón de euros, según ha informado eldiario.es. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los cerca 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa. En su escrito, también reconoce que el dinero que intentó pagar por adelantado el 2023 para saldar su deuda con Hacienda, cuando ya sabía que era investigado, no le hubieran servido en ningún caso para evitar la acusación penal a la cual se enfrenta actualmente.
En este documento, la defensa de González no hace alusión al tercer delito del cual está acusado por la Fiscalía: la falsedad documental por supuestamente haber falsificado hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros para imputar gastos a sus empresas de manera irregular y, en la práctica, reducir su factura del Impuesto sobre sociedades en 2020 y 2021, mientras sus ingresos crecían por el dinero que cobró por el negocio de la compra de mascarillas.