La documentación secreta a la que ha tenido acceso y ha difundido ElNacional.cat esta semana evidencia que la guerra sucia contra el independentismo catalán fue puesta en marcha en el primer mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, que él la validó y que las acciones desde el Ministerio del Interior continuaron hasta al menos 2016. Y no solo Interior. Uno de los temas pendientes es también cuantificar cuánto dinero público se han gastado para pagar confidentes, policías y operaciones para espiar y ensuciar el nombre de políticos y empresarios catalanes. Es malversación de fondos públicos, sostienen los afectados. Detallamos el listado de los principales implicados en los casos que se han difundido esta semana, sus identidades falsas o alias. No son los únicos.
En la primera línea política, están:
Mariano Rajoy (PP). Presidente del Gobierno del 21 de diciembre de 2011 al 2 de junio de 2018. Fuentes implicadas en la Operación Catalunya han asegurado que el presidente Rajoy validó la creación de un equipo parapolicial para espiar a rivales políticos y a toda persona calificada de sospechosa por apostar por el derecho a decidir. Las notas informativas eran enviadas a su despacho, se afirma. Rajoy siempre ha negado saber nada de esta guerra sucia en Catalunya, e incluso este jueves ponía en duda que se lo pueda llevar a los tribunales por la Operación Catalunya. El comisario José Manuel Villarejo, cuando habla de él en alguna de las conversaciones que grabó, lo llama "el barbas" o "el asturiano", y afirma que es informado de las actuaciones para que el extesorero del PP Luis Bárcenas no difunda información comprometida del PP, como su financiación. Rajoy está investigado por una juez de Andorra por la trama de la Operación Catalunya en el principat por la extorsión a los responsables de la Banca Privada Andorrana (BPA), pero por ahora su declaración está bloqueada en los tribunales españoles.
Jorge Fernández Díaz (PP). Ministro del Interior desde el 22 de diciembre de 2011 al 4 de noviembre de 2016. Fernández Díaz ha negado en la comisión al Congreso de los Diputados haber puesto en marcha la Operación Catalunya, aunque se destapó una conversación de él con el entonces director de la Oficina de Antifraude, Daniel de Alfonso, donde le pregunta por causas e investigaciones contra políticos y empresarios catalanes. Es el "N.1", según se lo cita en las notas informativas de la policía patriótica. E, incluso, en una nota se habla de su hermano Alberto, que ha sido muchos años concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz tiene que afrontar un juicio por el caso Kitchen, por controlar a Bárcenas, y la Fiscalía le pide 15 años de prisión por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Ningún juez español lo ha querido investigar por la Operación Catalunya, a pesar de las querellas presentadas por el exconseller Jaume Giró, la familia Sumarroca o el expresidente del Barça Sandro Rosell.
Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 y diputado del PP en el Congreso de 2016 a 2019. Es el número 2 de Fernández Díaz, del cual se asegura de que es quien lo pone en contacto con el comisario Villarejo para que lo informe de todas las acciones de la Operación Catalunya. Las conversaciones que grabó Villarejo lo corroboran: los dos pasan lista sobre las diferentes acciones para controlar a Bárcenas, caso por el cual la Fiscalía le pide 15 años de prisión, como al ministro. En las conversaciones también hablan de la rivalidad entre Maria Dolores Cospedal y Soraya Sáez Santamaría ("la pequeñita", según Villarejo), como de contactos con los confidentes en Catalunya y las acciones en Andorra. La familia Pujol Ferrusola y el entonces president Artur Mas y sus supuestas irregularidades fiscales son siempre presentes en las entrevistas.
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Policías implicados
Eugenio Pino. Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía entre los años 2012 y 2016. El comisario, ahora jubilado, es uno de los responsables de poner en marcha una brigada de agentes de la policía española contra rivales del PP y también contra políticos e independentistas catalanes. Es el único condenado, por ahora, por la Operación Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó su absolución y lo condenó a un año de prisión, a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Jordi Pujol Ferrusola con 2.000 euros por el llamado caso del prendrive. Pino entregó al juez de la Audiencia Nacional que investigaba la familia Pujol Ferrusola de fraude fiscal un lápiz de memoria con datos bancarios del primogénito del president obtenidos de forma ilegal, que podría haber afectado y anulado toda la causa. En las conversaciones grabadas, Villarejo le dice "Eugene".
José Manuel Villarejo. Comisario de la policía española ahora jubilado. Es uno de los principales actores de la Operación Catalunya, que ha documentado con sus notas informativas y sus audios, que han hecho temblar a más de uno. Grababa a casi todos los políticos y empresarios con los que hablaba, y con los que hacía negocios. Utiliza diferentes identidades falsas, como Javier Hidalgo, y en un audio pide a la mano derecha del ministro de Interior que le renueve esta identidad. El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga la macrocausa contra Villarejo (hay 36 piezas) para controlar que Bárcenas no difundiera las supuestas irregularidades contables del PP, como también de trabajar para empresarios, asegurándoles que ya no trabajaba para la policía, cuando era falso. Tiene una primera condena de 19 años de prisión, donde ya ha estado cuatro años de forma preventiva. Villarejo ha sido, hasta ahora, el único que ha confesado que existió la Operación Catalunya, y que trabajaba por encargo del ministro Fernández Díaz y del PP.
Marcelino Martín Blas. Comisario de Asuntos Internos de la policía española. También ha sido implicado en la Operación Catalunya. Los hermanos Higini y Ramón Cierco, titulares de la BPA, lo han señalado como uno de los policías, que se hacía decir Félix, que les presionó para que le dieran las cuentas de la familia Pujol y de si tenían de Artur Mas y de Oriol Junqueras. Villarejo se enemistó con Martín Blas porque hizo una investigación a policías que supuestamente ayudaban a una trama china, a petición del fiscal José Grinda.
Celestino Barroso. Inspector jefe de la policía española y agregado en la Embajada española de Andorra. Barroso se dirige a Higini Cierco y al entonces consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, y los amenaza, tal como se ha escuchado en un audio en ElNacional.cat, con que si no colaboran el banco "morirá", tal como, desgraciadamente, pasó. Barroso es el único que ha protegido al gobierno del PSOE ante la juez de Andorra, al asegurar que cuándo actuó tenía la inmunidad diplomática.
Bonifacio Díez Sevillano. Conocido como Boni. Es el anterior agregado de Interior de la embajada española en Andorra, que habría pedido a Rosa, una secretaria del consejo de administración de la BPA, que el banco colaborara con la policía para descubrir las cuentas de los Pujol, sin tener el aval ni la orden de ninguna autoridad judicial. Cuando se le reclamó para ser citado a la causa de Andorra, se dijo que estaba en la embajada española en México.
José Luís Olivera. Comisario principal y jefe de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Villarejo lo llama Oli y asegura que está al día de muchas actuaciones, por ejemplo contra Podemos, según la difusión de un audio de Villarejo. Con el gobierno del PSOE, el ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, lo expedientó por haber filtrado supuestamente datos del caso Gürtel y de participar en la Operación Kitchen.
M. Es una de las piezas claves a la hora de recoger la información que alimenta informes del comisario Villarejo. Se lo identifica en las notas informativas como M., pero también aparece en los audios como Melli. Se trata del exinspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Giménez Raso. Tiene un hermano mellizo, también del CNP, y por eso lo llama Melli, de Mellizo. Antonio Giménez Raso fue a prisión por un caso de narcotráfico, aunque finalmente fue absuelto. El trabajo de la expolicía con el comisario Villarejo ha hecho que aparezca en la denuncia del expresidente del Barça Sandro Rosell como corresponsable del montaje por el que pasó más de dos años en prisión preventiva.
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Los principales informadores
En las conversaciones grabadas, el comisario Villarejo explica al número dos del ministerio del Interior que tiene un equipo de informadores en Barcelona, para sacar trapos sucios de los políticos catalanes, y "hacer ruido y dar por el culo". Hay detectives y periodistas que también colaboran y aportan o publican información sin contrastar.
Daniel de Alfonso. Director de la Oficina Antifraude de Catalunya de 2011 a junio de 2016, cuando fue destituido por el Parlament de Catalunya, después que el diario Público difundiera una grabación entre De Alfonso y el ministro Fernández Díaz, donde repasan causas contra políticos de Convergència y de Esquerra. Era 2014, antes de la consulta del 9-N. Fue aterrador escuchar al magistrado De Alfonso decirle al ministro que estaba a sus órdenes y que habían torpedeado la sanidad catalana. Aparte, hay una nota informativa de marzo de 2016, en la cual De Alfonso informa a dos inspectores de la policial sobre diferentes causas, como la polémica privatización de la gestión de Aguas Ter Llobregat (ATLL), concedida a Acciona, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) paró, y donde De Alfonso asegura que el entonces president Mas cobraba unas comisiones, acusación nunca probada.
Javier de la Rosa. Empresario modélico en los años 80 y condenado a 5 años de prisión por el caso KIO, del grupo Torras, en el 2006. Villarejo en sus audios habla que De Rosa tiene mucha información de los Pujol, que han hecho negocios y de las cuentas en el extranjero. Villarejo dice que es "un mercenario" y que le habrían pagado "cuatro kilos" por la información que les da. Hizo una denuncia a la policía nunca ratificada en los juzgados.
Vicky Álvarez. Expareja de Jordi Pujol Ferrusola (júior). Es conocida en 2012 cuando se difunde el audio de La Camarga, grabado en 2010, y donde ella explica a la entonces líder del PP, Alícia Sánchez Camacho, que acompaña a Pujol júnior a Andorra y bajan bolsas de billetes de 500 euros, además de otras operaciones en el extranjero. Villarejo, que ella conoce como Javier Hidalgo, la lleva del brazo a la policía española a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola, y también ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que ante el poco detalle de sus declaraciones primero cierra el caso, aunque la sala de lo penal se la hace reabrir. El Ministerio del Interior ha pagado un sueldo a Vicky Álvarez, como se escucha en los audios entre Villarejo y Francisco Martínez. Los pagos se mantuvieron hasta el 2018, hasta que el PSOE lo descubrió y cortó el grifo. Recientemente, Álvarez ha anunciado que se marcha a vivir fuera de Catalunya.