La gestión del temporal que ha provocado más de 200 muertos en el País Valencià ha suscitado que se presenten múltiples querellas y denuncias de todo tipo contra los responsables políticos y técnicos que tenían que hacerle frente. Los más señalados han sido Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), Teresa Ribera (ministra para la Transición Energética), Carlos Mazón (presidente de la Generalitat Valenciana) y María José Rallo (presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología). Los tres principales actores que han acudido a los tribunales son Vox, Iustitia Europa (un “movimiento de ciudadanos que defiende la dignidad, la libertad y la justicia” que tiene entre sus objetivos “perseguir a los políticos en los tribunales” y que es acusación popular en el caso de Begoña Gómez y en el caso Koldo) y Manos Limpias (un pseudosindicato ultra que es el origen de la investigación a Begoña Gómez). La primera acción judicial que ha sido estudiada por la justicia es la demanda que impulsó el abogado valenciano Curro Nicolau, que fue admitida a trámite la semana pasada. Además, se está gestando una demanda colectiva, impulsada por un pódcast valenciano, contra Carlos Mazón. Por su parte, de momento, Hazte Oír, uno habitual de estos casos, está estudiando las posibles acciones judiciales. ElNacional.cat repasa todos los movimientos que ha habido en los tribunales en relación con la DANA.
La demanda de Curro Nicolau por la “inactividad” de Mazón durante la DANA
De momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite la demanda de Curro Nicolau, un abogado valenciano, por la “inactividad” del presidente de la Generalitat Valenciana y de la Agencia Valencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. El pasado viernes, el juez pidió al gobierno valenciano los expedientes administrativos y dio nueve días de plazo al ejecutivo para personarse en el procedimiento en calidad de demandado. Asimismo, Curro Nicolau ha denunciado a Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska en el Tribunal Supremo alegando que el presidente español tenía el “mandato legal” de declarar el estado de alarma desde el primer momento para desplegar el ejército en las horas posteriores al temporal: “El presidente del Gobierno y el ministro del Interior decidieron no actuar ordenando la intervención de las Fuerzas Armadas hasta pasadas más de 72 horas desde la inundación, con un claro perjuicio para decenas de miles de ciudadanos”, argumentaba la denuncia, a la que tuvo acceso Voz Pópuli.
Sánchez, Marlaska y Ribera, querellados por Iustitia Europa, Vox y Manos Limpias
Las primeras querellas llegaron de la mano de Iustitia Europa. Fueron contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska (en el Tribunal Supremo) y contra Carlos Mazón (en el TSJCV) por los delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omissiva y homicidio imprudente. En el caso de Sánchez y Marlaska, añadía un delito de lesiones. La entidad justificaba que el Estado “falló y desapareció en el momento de más necesidad” y dejó a los ciudadanos “desprotegidos y desamparados” ante la catástrofe, lamentaba que el Gobierno no hubiera declarado la emergencia nacional y denunciaba la “pasividad” de la Moncloa y su “abdicación absoluta de los deberes fundamentales de protección y seguridad hacia la ciudadanía”. Justo esta mañana, la querella se ha ampliado contra Teresa Ribera (vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico) por su “responsabilidad directa” como “máxima autoridad” de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Vox no se ha querido quedar atrás y también elevó su batalla contra Pedro Sánchez en los tribunales. La formación de extrema derecha impulsó querellas contra el presidente del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera y Margarita Robles (ministra de Defensa) por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por no haber declarado la emergencia nacional por la DANA. El líder de Vox, Santiago Abascal, argumentó que declarar la emergencia nacional era un “deber inexcusable e ineludible” que la Moncloa esquivó de forma “consciente”. “Ahora tendrán que pagar por eso”, concluyó en una declaración sin preguntas. El partido ultra argumenta que Sánchez “se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal”.
Finalmente, Manos Limpias ha ido en la misma dirección y, además de ir contra Sánchez, Marlaska, Robles y Ribera, también carga contra Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y Función Pública). La querella, consultada por ElNacional.cat, se impone por presuntos delitos de omisión del deber de auxilio y homicidio imprudente y apunta en dos direcciones principales: el Gobierno no declaró el estado de alarma, cosa que “impidió una coordinación efectiva y la movilización de recursos necesarios para enfrentar la emergencia”, y no implementó “medidas adecuadas” para mitigar los efectos de la DANA, dejando la gestión en manos de autoridades locales, “sin la capacidad ni los recursos suficientes para enfrentar una emergencia de tal envergadura”.
Querella de Iustitia Europa contra Carlos Mazón por el “abandono absoluto” y la “cadena de errores y omisiones flagrantes”
La única querella que se ha presentado de momento contra el presidente valenciano es la de Iustitia Europa, que lo acusaba de un “abandono absoluto” en la gestión de la emergencia y detallaba una “cadena de errores y omisiones flagrantes”. La entidad considera que Mazón “ignoró la gravedad de la DANA” y “subestimó los riesgos en sus comparecencias públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad”. Iustitia Europa, que reprobaba la “falta de actuación efectiva”, el “desamparo vivido por los ciudadanos” y la “omisión de sus responsabilidades”, ha ampliado ahora la querella aduciendo que la “falta” de coordinación y la “tardía” respuesta “agravaron los efectos de la catástrofe” y “expusieron la población” a “riesgos que se habrían podido evitar” si Carlos Mazón hubiera llegado antes a la reunión del CECOPI.
Una futura demanda colectiva contra Carlos Mazón
Ahora bien, hay otros movimientos en marcha. De momento, se ha impulsado una demanda colectiva por las negligencias de Carlos Mazón. La han promovido Francesc Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona, autores del pódcast Greuges pendents, a través de la campaña Justicia para Valencia. Han difundido a través de las redes sociales un formulario para recoger apoyos para “exigir responsabilidades por las graves negligencias durante la gestión de la DANA” tanto al presidente valenciano como a Salomé Pradas (consellera de Justicia e Interior) y Emilio Argüeso (secretario de Seguridad y Emergencias). De momento, han conseguido la firma de más de 1.800 personas y cerca de un centenar de abogados se han ofrecido como voluntarios para colaborar. Según explican los impulsores a ElNacional.cat, consideran que hay “indicios de negligencia grave, ya que no se activaron a tiempo las medidas necesarias”. Su objetivo es “construir una base sólida de testimonios, documentos y pruebas que puedan servir para demostrar la responsabilidad de los altos cargos en una respuesta ineficaz y tardía”.
La CGT presenta una demanda ante la Fiscalía por la gestión “criminal” de Carlos Mazón
Por su parte, la CGT ha presentado una demanda ante la Fiscalía porque entiende que la Generalitat Valenciana tenía “información precisa”, pero “no hizo nada para salvar la vida de decenas de personas trabajadoras”. El secretario general de CGT València, Juan Miguel Font, considera que la gestión de Carlos Mazón puede tildarse de “criminal”, ya que, con “toda la información que tenía a su alcance”, fue “incapaz de tomar decisiones que pusieran fuera de peligro a las personas”. La denuncia se hace en clave sindical, dado que la CGT considera que la mayoría de las personas que murieron estaban trabajando, salían de trabajar o se dirigían a los centros de trabajo después del cambio de turno.
Vox, Manos Limpias y Tierra SOS-tenible también apuntan contra la presidenta de la AEMET y el presidente de la CHJ
Además, también hay querellas que apuntan contra María José Rallo del Olmo (presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología) y Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar). Los ponen en la diana Vox, Manos Limpias y Tierra SOS-tenible. Manos Limpias señaló su “responsabilidad ante las repercusiones de la DANA” y pidió al juzgado que abriera una investigación contra ellos por los presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia. Y Tierra SOS-tenible (una entidad que niega el cambio climático) ha impulsado una denuncia a la Audiencia Nacional, en la que ha tenido acceso ElNacional.cat, atribuyéndoles los delitos de homicidio doloso o imprudente, desistimiento de funciones, negligencia, previsiones erróneas, prevaricación y daños a las personas, a las infraestructuras del Estado, a empresas privadas, a la industria y a la agricultura. En concreto, reprueba la “alta incompetencia” de la AEMET, que considera que “ha condicionado la respuesta de toda la cadena de mando con resultados catastróficos” y cree que “incumplió su misión principal de ayudar a salvar vidas e infraestructuras”.
Para acabar, hay cuatro nombres más que han sido señalados. Vox también apunta contra Pilar Bernabé García (delegada del Gobierno en el País Valencià), Susana Crisóstomo Sanz (subsecretaria del Ministerio del Interior) y Virginia Barcones Sanz (directora general de Protección y de Emergencias del Ministerio del Interior). Tierra SOS-tenible también ha denunciado a Virginia Barcones. Finalmente, Manos Limpias se ha querellado contra Emilio Argüeso Torres (director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias).