La Conselleria d’Afers Exteriors se ha convertido en uno de los objetivos en que la aplicación del artículo 155 de la Constitución se está ensañando con especial contundencia. Las acciones del ministerio que encabeza Alfonso Dastis no se limitan a decisiones como la que ha trascendido este viernes sobre el despido de todos los trabajadores de las delegaciones del Govern en el mundo, sino que afectan también al trabajo diario del departamento. A modo de ejemplo, el pasado 16 de noviembre, el ministerio prohibió a la conselleria participar, tal y como tenía previsto, en la conferencia sobre ciudades y migraciones que se celebraba en la ciudad belga de Malines.

El departamento, que tiene que hacer saber al ministerio las agendas diarias tanto de la Dirección General de Asuntos Exteriores como de la Delegación en Bruselas, pidió el pasado 15 de noviembre a través de un mail del secretario general del departamento, Aleix Villatoro, autorización para que un técnico de la delegación de la capital belga, la única que sigue en funcionamiento, pudiera presentar una ponencia en la conferencia Ciudades y Migración que empezaba al día siguiente.

El responsable que el ministerio ha designado para coordinar el departamento, Juan Fernández Trigo, sólo necesitó veinte minutos para responder el mail con una negativa, según el correo al que ha tenido acceso El Nacional. "El Ministerio no considera oportuna la presencia de un representante de la Generalitat para entender que se trata de una reunión que afecta a competencias de naturaleza estatal", asegura el coordinador en su mail.

En realidad, sin embargo, la conferencia era de cariz esencialmente local, y los impulsores son dos organismos de la ONU —la Organización Internacional para las Migraciones y ONU-Habitat, que encabeza el catalán Joan Clos— además de una organización de gobiernos locales y regionales: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

El gobierno español no ha escondido nunca su contrariedad ante las actuaciones del departamento de Raül Romeva en el exterior. De hecho, cuando se creó la conselleria presentó un recurso en contra ante el Tribunal Constitucional, que falló parcialmente a favor subrayando que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado. El Govern decidió entonces cambiar el nombre del departamento para evitar la acción del TC.