Contraprogramación cupaire a los poderes del Estado español. Mientras el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, estaba en la reunión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —que se celebra en Ginebra—, el exdiputado de la CUP David Fernàndez, la encargada de relaciones internacionales del partido, Aina Tella, y el periodista independiente Juan Gasparini celebraban en la ciudad suiza —donde Anna Gabriel ha refugiado para evitar recibir las consecuencias de la justicia española— una conferencia que tenía como objetivo "rebatir lo que está diciendo Dastis" y denunciar la represión que protagonizan los poderes fácticos estatales contra Catalunya, pero también contra la ciudadanía en general.

Bajo el título "Soberanía de Catalunya y respeto por el derecho político", Fernàndez ha dado un repaso por todas las jugadas que el gobierno de Mariano Rajoy y la justicia española ha ido haciendo a lo largo de estos meses contra Catalunya y contra su ciudadanía e instituciones, y ha querido dejar claro a los asistentes que "en tiempo de postverdad, el Estado español manipula lo que está pasando en Catalunya y en la sociedad española".

Para empezar, ha puesto de relieve que "la sociedad catalana hace ocho años que se rige por una ley que nunca se votó", en referencia al Estatuto que votaron los catalanes en 2006, pero que cuatro años más tarde el Tribunal Constitucional decidió girar y modificar.

Estuvo precisamente en aquel momento que se empezó a incrementar sin pausa la tensión con el Estado español. En poco tiempo, el alto tribunal ha suspendido 40 leyes aprobadas por el Parlamento, entre ellas, la ley de pobreza energética que fue votada por todos los grupos de la cámara, incluido el que gobierna en España, el partido de Rajoy.

Libertades y derechos inexistentes

Y no sólo eso. También ha hecho alusión a la pena de prisión de tres años y medio para el rapero Valtonyc por unas canciones que, a opinión de la justicia suprema, hacían enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves en la Corona o el secuestro por parte de una jueza del libro Fariña, en que Nacho Carretero profundiza en la historia, del narcotráfico gallego. Hechos que salen de la cuestión catalana y que también demuestran como los poderes fácticos del Estado van en contra de la libertad de expresión.

Pero también pasa contra Catalunya. Y mucho. Justamente por eso, Fernàndez ha querido recordar que "las dos organizaciones civiles catalanas, democráticas y pacifistas más importantes están encarceladas" y que, además, "en nombre de la ley, se saltan la ley" porque, ha insistido, "han disuelto un Parlament y han cesado el Govern".

Después, para más inri, el presidente español fue directamente y convocó unas elecciones "para que ganaran ellos", un hecho más que vuelve a demostrar que, según ha apuntado el también periodista, "cuando decimos que no nos podemos gobernar es que no podemos gobernarnos".

Contradicciones del poder

Lo peor, sin embargo, es que, como ha puesto de relieve que en España "los delitos terroristas se castigan con menos años de prisión que lo que hacen los políticos catalanes de forma pacífica" y, por lo tanto, ha considerado que "utilizan la lucha contra el independentismo como proyecto democrático".

Y la cosa va además porque, según ha querido hacer saber, el juez que ha encarcelado a medio Govern, Pablo Llarena, dijo hace cuatro años que la situación catalana no se podía resolver por la vía judicial, pero ahora "el tripartito del 155 abona esta represión excepcional contra Catalunya".

Además, Felip VI da amparo a todo eso. "El Rey legalizó el 3-O el 'a por ellos' de una supuesta policía democrática", se ha lamentado Fernàndez, al mismo tiempo que ha asegurado que, sea como sea, "se recurrirá a todos los organismos y el probable es que la situación acabe en Estrasburgo".

'El minotauro del 78'

La CUP ya presentó en diciembre un informe sobre la violencia institucional del Estado español bajo el nombre El minotauro del 78, que recogía una serie de cifras que demuestran como los del PP y su justicia han llevado la represión a todas las instancias de Catalunya.

Entre ellas, las que más destacan son 832 personas investigadas (120 encausados y 712 alcaldes citados por la Fiscalía) y 1.066 personas lesionadas por la represión del 1-O en 33 municipios. De estos heridos, al menos 400 han interpuesto denuncia. Además, han contabilizado 67 denuncias de agresiones de la extrema derecha.

La finalidad del informe es hacerlo ir creciendo con todos los palos en las ruedas, trabas y portazos del Estado español y darlo a conocer en todo el mundo. Porque, según apuntaban en la presentación, "una de las mejores maneras para recuperar estos derechos es informarnos".

Este no es la única denuncia que hoy ha salido a la luz. El Colectivo Praga ha elaborado un informe para denunciar al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O. Un informe que han suscrito 650 juristas de toda España.