El Gobierno ha puesto en el congelador el anteproyecto de la ley de memoria democrática, al asegurar que no tiene suficiente consenso para sacarla adelante, especialmente al no levantar la amnistía de 1977 a criminales de guerra y torturadores. La vigente ley de memoria, aprobada en el 2007, tampoco gustó a todo el mundo. En Catalunya, el Parlament inició, en el anterior mandato, la tramitación de una nueva ley integral de Memoria Democrática, con la cual se quiere aglutinar la de Memorial Democrático (2007), la de Fosas (2009) y la de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo (2017). Últimamente, la ciudadanía y entidades memorialistas empujan a no olvidar y a ser más valientes.
Desde el Departament de Justicía se impulsan iniciativas para identificar personas asesinadas y enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y el Franquismo. También para la retirada de símbolos franquistas, como el monumento conmemorativo de la Batalla del Ebro, en Tortosa, que se tenía que retirar el verano pasado y una jueza lo paró en el último momento y, actualmente continúa bloqueado. Justicia, además, ha expedido un total de 5.641 documentos de nulidad de juicios franquistas en los últimos cuatro años, que implica devolver la honorabilidad y la dignidad a las personas encausadas. En Catalunya se dictaron 69.000 juicios militares por causas políticas durante la dictadura de Franco, según datos del Archivo Nacional de Catalunya.
La comisaría de Via Laietana
La ciudadanía reivindica que espacios de represión sean recuperados y reinterpretados, tal como se está haciendo con la prisión Modelo de Barcelona. Un reclamo ahora más sonoro y compartido entre administraciones catalanas y entidades de memoria es que la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana se convierta en un centro de justicia, reparación y garantías de no repetición. El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene un proyecto, encargado al exdirector del Museo de Historia de la ciudad, Antoni Nicolau, para convertirlo no sólo en un museo sino en un centro de defensa de derechos humanos.
Precisamente, el Ateneu Memòria Popular ha organizado este sábado la jornada de reflexión y debate sobre la comisaría de la Via Laietana, con ponencias sobre la impunidad del franquismo y testigos de las torturas sufridas en aquella comisaría, como la de los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz Blas. El concejal de Memoria Democrática de lo Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Rabassa, que también ha participado en el debate, declara a ElNacionalcat que "trabaja para que la comisaría se convierta en un equipamiento 100% de Memoria", donde tienen cabida desde un museo, debates sobre los derechos humanos y otras iniciativas, pero no la policía. "La policía que es democrática y los sindicatos policiales tienen que estar a favor de esta iniciativa", sostiene Rabassa. El concejal asegura que no se quiere entretenerse en valorar la negativa actual del Gobierno del PSOE a ceder el edificio al Ayuntamiento, y centra los esfuerzos "en trabajar para tenerlo todo apunto", para cuando se haga este traspaso. Rabassa expone que gran parte de las entidades memorialistas de la ciudad han dado el visto bueno a la reconversión de la comisaría, y lo que proponen es ampliarlo en otros espacios de represión de la ciudad. También adelanta que el consistorio trabaja para catalogar la comisaría de la Via Laietana en un Bien Cultural de Interés Local (BCIL), y ahora se están elaborando los informes técnicos.
La reivindicación de la Via Laietana no es nueva. La Comisión de la Dignidad, presidida por Pep Cruanyes, junto con el ahora difunto Jordi Carbonell, el periodista Antoni Batista, y el entonces diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, hizo en el 2005 un acto ante la jefatura para denunciar este espacio de torturas y reclamar su reconversión. Para dar un nuevo impulso, desde el verano pasado, la Comisión de la Dignidad y la sectorial de personas represaliadas de la ANC organizan cada primer y tercer martes de cada mes una concentración, donde testigos explican las vejaciones sufridas allí dentro y se reclama que el edificio se convierta en un espacio de memoria. Han pasado muchos testigos, como Blanca Serra, lingüista y miembro del Frente Nacional de Catalunya, después del PSAN y actualmente de la CUP; la mujer de José Plaza Gabarrón, del FAC, y actualmente con problemas neurológicos por las graves palizas recibidas, o el abogado y miembro del PSUC Enric Leira.
A finales de noviembre, Òmnium Cultural, con su presidente, Jordi Cuixart, también hizo un acto reivindicativo para exigir el cierre de la comisaría. La resignación del espacio policial fue aprobado por el Congreso a propuesta del grupo de ERC en el 2017, pero hace unos meses el gobierno de Sánchez retrocedió y aseguró que es "un símbolo de democracia", provocando la indignación de los catalanes. De la comisaría de Via Laietana también se denuncian vejaciones en plena democracia, como la querella presentada por Guillem Padilla, el chico de la sudadera naranja, contra ocho agentes de la policía española, por su detención durante las protestas contra la sentencia a los independentistas catalanes en el 2019, causa que el Tribunal Constitucional (TC) ha hecho reabrir recientemente.
La abogada Pilar Rebaque, detenida y vejada en Via Laietana y en la prisión de mujeres de la Trinitat Vella por manifestarse contra el Consejo de Guerra de Burgos, el diciembre de 1970 y miembro de la Comisión de la Dignidad, afirma que "no pararán las concentraciones" hasta que la comisaría sea un espacio de memoria. "En las concentraciones, mucha gente se nos ha acercado y se ha ofrecido a explicar a su testimonio de torturas y vejaciones. Es ya una reivindicación ciudadana", declara Rebaque, que asegura: "Con la insistencia de la sociedad civil lo conseguiremos, como se ha hecho con el retorno de los Papeles de Salamanca, todo y que poco a poco."
Con la lengua catalana nuevamente criminalizada, la próxima concentración de la Comisión de la Dignidad delante de la Via Laietana será el próximo 21 de diciembre, donde intervendrán Oriol Carbonell explicando las torturas sufridas por su padre Jordi Carbonell (detenido dos veces: el 1970 en el cierre de Montserrat contra el Consejo de Guerra de Burgos i el 1973 con los 113 de l'Assemblea de Catalunya), que pidió declarar en catalán para denunciar la violación de derechos lingüísticos en 1971, y la sindicalista Antònia Garcia. Y la Mesa de Catalunya, que reúne entidades memorialistas críticas con las leyes actuales, cada sábado de final de mes hace una concentración en la plaza Sant Jaume y explica algún episodio para que no caiga en el olvido. La última: Las antifascistas de la prisión Trinitat.
La prisión de la Trinitat Vella
Precisamente, de la prisión de la Trinitat Vella, la asociación Trinitat Uneix, con el apoyo de la Asociació per la Recerca y Divulgació de la Memòria Histórica y otras entidades, como el grupo de mujeres L'Olivera de la Trinitat, propone que se mantenga una parte de la fachada del penal, que reprimió mujeres durante la dictadura con la orden creada por el mismo Franco: Las Cruzadas de Cristo Rey. "La fachada no tiene valor artístico, pero sí de memoria histórica del barrio y para las mujeres, y hace falta el retorno de este espacio al barrio, como se ha hecho con Can Fabra o La Pegaso," explica Paco Flórez, presidente de Trinitat Uneix.
"Las Cruzadas tuvieron un trato cruel, degradante y vejatorio con las mujeres de la Trinitat, tanto a las presas comunes, que consideraban descarriadas, como a las políticas. Nos tenían que reeducar a todas", recuerda Pilar Rebaque, que aprueba que un espacio de la Trinitat Vella se conserve y recoja lo que se vivió entre aquellas gélidas paredes. La abogada participó hace un par de semanas en un recorrido de memoria por el barrio de la Trinitat, con parada en el ambulatorio y en la primera guarderia conseguidas en el barrio con la lucha vecinal. En la parada ante la prisión, Rebaque y la magistrada del TSJC ahora jubilada Matilde Aragó explicaron sus desagradables vivencias en la prisión, pero también la solidaridad entre mujeres. Rebaque recordó los días de autogestión del centro por parte de las reclusas, cuándo las Cruzadas no quisieron cumplir ninguna medida democrática y abandonaron la prisión sin esperar su relevo.
La entidad Trinitat Uneix defiende que una parte de la entrada sea un centro de memoria del barrio y también de la prisión de mujeres, y "sobre todo que no sea ningún estorbo para el plan de movilidad del barrio", aclara Paco Flórez. Y es que los vecinos de la Trinitat Vella hace demasiados años que esperan la regeneración de este espacio, que será ocupado por un parque con unas 400 viviendas de protección social. La prisión de la Trinitat, inaugurada en 1963, se convirtió en una prisión de jóvenes en 1983 y se cerró en el 2008. Se derribó una parte, y el resto es des de entonces un centro abierto, con 450 plazas, para personas condenadas en tercer grado y que sólo van a dormir.
La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunció ,el noviembre pasado, nuevos acuerdos para desencallar la permuta de solares, que permitirá construir una prisión de mujeres y un centro abierto en la Zona Franca de Barcelona y cerrar en el 2025 el centro abierto que ahora ocupa el espacio de la prisión de la Trinitat Vella. Flórez explica que tienen el apoyo de los políticos del distrito de Sant Andreu y que ahora están pendientes de reunirse con técnicos y arquitectos para pulir el proyecto, en el cual no pondrán pegas si sólo se puede conservar la puerta principal y un lado de la fachada. "No queremos retrasar el proyecto urbanístico", repite.
Fachada de la prisión de la Trinitat Vella de Barcelona/ Departamento de Justicia
La prisión Model
El concejal Jordi Rabassa expone que los principales espacios de Memoria de Barcelona son el Born y la prisión Model de Barcelona, donde ‑detalla‑ pronto se iniciará una consulta ciudadana para decidir qué tiene que haber en la cuarta galería, que es el espacio que se dedicará como equipamiento de Memoria. Después de muchas promesas de gobiernos de distinto color, finalmente la prisión centenaria (113 años funcionando) en el corazón de la Izquierda del Eixample se vació y cerró el año 2017, liderado por el conseller de Justicia Carles Mundó (ERC). Con su retorno a la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona inició un proceso de consulta para saber los usos que quería el barrio, y también organiza visitas al penal. La reordenación de la zona, manteniendo el panóptico y algunos brazos de la prisión recoge hacer un gran parque de 14.500 m2 y unos 140 pisos públicos, además de equipamientos.
Foto: plano de usos de la zona que ocupa la prisión Modelo de Barcelona/ Ayuntamiento de Barcelona
Foto principal: Concentración reivinditicativa de Òmnium delante de la comisaría de Via Laietana /Sergi Alcàzar