El catalán vuelve a llamar a la puerta de las instituciones europeas. Y, por primera vez, lo hace con posibilidades de prosperar, aunque con dificultades. El Consejo de Asuntos Generales de la UE preveu en el orden del día de la reunión de este martes abordar la solicitud de España de modificar el reglamento de régimen lingüístico de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. El mismo día, una vez se haya abordado este tema en el Consejo de Asuntos Generales será el Parlamento Europeo quien lo debatirá. También el martes, pero en Madrid, el Congreso de los diputados abordará en el hemiciclo la reforma del reglamento para poder utilizar el catalán en los plenos del parlamento español y, de hecho, aunque las enmiendas se votarán el jueves, ya se podrán utilizar las lenguas cooficiales en el debate.
Los múltiples frentes surgidos sobre la lengua surgen de la exigencia de Junts de que España registrara la petición de reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE como condición imprescindible para apoyar a la designación de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los diputados el pasado 17 de agosto. El president en el exilio, Carles Puigdemont, exigía antes de la votación garantías de que este compromiso se cumpliría. Aquella misma mañana en que se tenía que votar la mesa de la Cámara, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, registró la petición a la presidencia del Consejo de la UE de modificar el reglamento num. 1, que regula el régimen lingüístico de la UE. Horas después, al tomar posesión Armengol abrió también la puerta a la presencia de las lenguas cooficiales en el Congreso.
Congreso, imprescindible
De hecho, la presencia del catalán, el gallego y el euskera en el parlamento español es una condición imprescindible para que entren también en las instituciones europeas. Era necesario adoptar decisiones con urgencia. El martes pasado, la Mesa del Congreso desestimó un informe de los letrados que expresaban dudas sobre la incorporación por la vía rápida de las lenguas cooficiales y acordó su uso ya a partir del próximo pleno. De esta manera cuando en el Consejo de Asuntos Generales de la UE del martes los ministros de asuntos exteriores de los diferentes países debatan este tema las lenguas cooficiales ya estarán presentes en el Congreso.
No obstante, el debate no será fácil y el ministerio de Exteriores se ha tenido que dedicar a fondo, consciente de que las exigencias de Junts en esta cuestión fueron muy contundentes y un descarrilamiento de este tema podría poner en serios problemas la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, además cuestionar la capacidad -y credibilidad- negociadora del presidente socialista en un momento en que España ostenta la presidencia de turno de la Unión.
Reticencias
Para conseguir la oficialidad del catalán el Gobierno necesita el voto unánime de los 27 estados miembros de la UE. El diario francés Le Monde ya advertía hace una semana sobre las dificultades para conseguir esta unanimidad, ante las exigencias que este paso podría levantar por parte de lenguas minoritarias de otros Estados, como bretones y corsos en el caso de Francia.
Estas reticencias y dudas han sido expresadas abiertamente por estados como Suecia o Finlandia, que han reclamado examinar "más a fondo" las consecuencias legales y financieras de la propuesta. "Hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales en la UE", se argumenta desde Estocolmo, donde se considera que los derechos de los hablantes de las lenguas regionales se pueden preservar por otras vías.
No han sido los únicos. Este viernes la reunión que mantuvieron los embajadores de los Estados miembros de la UE para preparar el Consejo de Asuntos Generales constató reticencias de como mínimo seis países. Los elevados costes que puede comportar la medida y la necesidad de pedir un dictamen de los servicios legales son algunos de los argumentos que se expusieron en la reunión. También la advertencia de que una decisión de esta trascendencia no se puede solventar con una reunión de embajadores y el encuentro de ministros del martes próximo.
España asume los costes
La respuesta del Gobierno el mismo viernes fue garantizar que España asumirá los costes que implicaría el uso del catalán, el vasco y el gallego en la UE. Sobre la reacción en cadena en otros países exigiendo el mismo trato para sus lenguas minorizadas, desde el Govern se asegura que solo el frisón de los Países Bajos y la lengua feroe de las Islas Feroe tienen el reconocimiento de oficial en sus respectivos países, como tienen el catalán, el gallego y el euskera en España. En el caso del catalán, además, es la lengua oficial de Andorra, un país que a pesar de no pertenecer en la UE está en proceso de negociación para cerrar un acuerdo de asociación con la Unión.
La votación de este tema solo se hará si está garantizada la unanimidad de todos los estados miembros. En el Consejo de Asuntos Generales las votaciones siempre se aprueban, por lo tanto el debate sobre la oficialidad del catalán se tendrá que modificar o retirar del orden del día en caso de que no se haya garantizado esta unanimidad.