Parecía que era el día en que los partidos mostrarían cómo rescatar la lengua catalana de la emergencia en que casi todos dicen que se encuentra. Este jueves venía al punto, después de que Vox haya pedido al gobierno balear sustituir el nombre del catalán por el de “lenguas baleares” en el Estatut. Habrá que esperar otra ocasión, sin embargo, porque nada concreto ha salido del debate electoral sobre las propuestas de lengua de los partidos políticos organizado por Plataforma per la Llengua —la ONG del català—, que este jueves había convocado a Esther Niubó (PSC), Francesc Xavier Vila (ERC), a Francesc Ten (Junts), Carles Riera (CUP), Enric Bárcena (Comunes Sumar) y Nacho Martín Blanco (PP). Moderaba, amable & implacable, la periodista Sílvia Barroso. Todo el mundo ha quedado con un palmo de narices, sin embargo. No ha pasado nada. El formato de intervenciones consecutivas sin réplicas no se prestaba y las dos docenas de asistentes han salido del Espai Línea con la cabeza caliente y los pies fríos.

Daba la impresión que todos los invitados tenían la cola de paja y que nadie quería hacer mucho ruido para no quedar retratado. El debate ha languidecido en el ejercicio de dejar correr el tiempo sin definir ni encarar la realidad. Han pasado de puntillas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cargándose la inmersión lingüística, el aumento de episodios catalanófobos, la minorización del catalán en el sistema educativo, la pérdida de prestigio social de la lengua y la difícil incorporación de los migrantes, el poco cuidado del catalán en los medios —incluidos los públicos—, el goteo sistemático de regulaciones que, poco a poco, excluyen el catalán de la vida pública, las dificultades para ser atendido en catalán en la sanidad y la justicia, etcétera. Sin ganas de deliberar ni contrastar, han optado por esconder la cabeza bajo el ala y salir del paso con propuestas y proclamas genéricas. En muchos momentos costaba creer que sabían alguna cosa.

Donde todo el mundo coincidió —excepto Martín Blanco, sin propuestas específicas— es en que hace falta adaptar o actualizar la inmersión lingüística. Niubó lo ha sintetizado: “La inmersión es una herramienta, no una finalidad. Hay que tener en cuenta la realidad sociolingüística para conseguir el objetivo final: el dominio de las dos lenguas [catalán y español]”. Ten se ha sumado: “Tener en cuenta el entorno sociolingüístico para compensarlo en el aula”. Vila ha añadido una advertencia: “No queremos hacer de las aulas un campo de batalla”. Los cinco también han estado de acuerdo en aumentar el número de aulas de acogida para migrantes, mejorar la formación del profesorado y ayudar a las empresas a formar a sus empleados y también a la administración pública, incluida la del Estado.

El sistema juega en contra

Francesc Xavier Vila ha salido a defender la acción del actual Govern —cortada, según él, por el fiasco de los presupuestos— y la propuesta de crear una conselleria para la lengua para garantizar que la política lingüística será “transversal” y dispondrá de la “máxima visibilidad”. Quizás su momento ha sido cuando se ha preguntado cómo es que no hay bastantes jueces o médicos que ejerzan en catalán, si el 25% de los ciudadanos del Estado declara que lo sabe hablar y que el 19% dice que lo habla bien, según el Instituto Nacional de Estadística. “El sistema —ha respondido— está pensado para apartar las otras lenguas oficiales y hacerlas inútiles. Se puntúa si sabes francés, pero no si sabes catalán”. Y ha remachado: “Si hemos sido capaces de obligar a poner mujeres a los consejos de administración, ¿no podríamos hacer que los jueces sepan catalán o que lo aprendan los estudiantes de medicina y los MIR?”

El argumento central de Francesc Ten ha sido el de contrastar “un país bien dibujado normativamente que falla en la aplicación de las leyes y regulaciones”. Siempre que ha intervenido, ha insistido en que hay que aplicar las leyes, también su aparato sancionador: “No hablo de políticas débiles. Tampoco tenemos que ser rígidos. Tenemos que ser firmes. No podemos evitar el conflicto”. Para el representante de Junts, no hace falta una conselleria para la lengua porque —y lo ha enfatizado—, la trasladarán a Presidencia, bajo la sombra del mismo Carles Puigdemont. Sí, hay que incidir con más decisión en las escuelas, según Ten, que también ha pedido la repotenciación del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Nadar y guardar la ropa

Los mejores ejemplos de nadar y guardar la ropa han sido Esther Niubó y Nacho Martín Blanco. La socialista ha dado vueltas en torno al mismo concepto: “el consenso es la clave”, “políticas concertadas”, “crear un clima favorable”, “preservar la no politización de la lengua”, “acompañamiento y apoyo en vez de supervisión y control”, “la polarización y crispación de los últimos años ha perjudicado”, “acuerdos”, “incentivar”, “implicar en los ayuntamientos, a los agentes sociales”… La lengua y la normalización tocan una fibra delicada entre el electorado metropolitano del PSC, y Niubó no ha querido comprometerse con políticas concretas, menos aún verlo como un asunto político, social y cultural —de identidad y de soberanía— sino como una cuestión técnica, la gestión de un expediente administrativo. Así, para cubrir la falta de catalán en la justicia, ha propuesto “ofrecer becas potentes para que los catalanes opten por la carrera judicial”.

Martín ha insistido en su “militancia por el bilingüismo” —sin definirlo, claro—, en “no caer en el tremendismo ni en la demagogia”, y ha recomendado a los catalanes más empatía, más amabilidad y el resto del repertorio tertuliano: “es más lo que nos une que lo que nos separa”, “disfruto mirando a mis hijos jugando en catalán y castellano”, “la inmersión ha sido un fracaso”, “la calidad no tiene idioma”, “no a la coerción, la sanción, la persecución”. En un momento revelador, ha considerado el catalán como cuestión patrimonial —como conservar una catedral— "porque la dinámica de los derechos no me interesa". También ha dejado claro que “no hay en Catalunya ni en España un fenómeno consistente y generalizado de catalanofobia”. Con la lengua catalana, ha venido a decir, no hay para tanto.

Una perspectiva original

Enric Bárcena ha abierto una perspectiva original. En dos frases: “Que el uso del catalán sea fuente de redistribución de oportunidades, y el futuro de la lengua catalana radica en conseguir que otorgue sentido de pertenencia y de participación”. Ha llamado la atención sobre las sanciones y multas, porque “pueden repercutir en el débil o sancionar la precariedad”, al recaer sobre trabajadores de la restauración o la distribución, donde hay muchos migrantes y los salarios son justitos. En este contexto, la obligación del catalán puede ser vista como una molestia, una traba. “El incumplimiento de los derechos lingüísticos esconde, a veces, la precarización”. Interesando ver la ignorancia de la lengua como un indicador de vulnerabilidad. Ha aprovechado para alabar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y añadir: “No es menor contar con el apoyo del Estado”. Niubó decía que sí con la cabeza.

Carles Riera ha utilizado el mismo argumento en todas sus intervenciones —y ha avisado de que lo haría. Todo depende de cómo se considera la lengua catalana, “como un derecho, una especie protegida o un rasgo de una minoría cultural. Yo planteo una lengua normal”. En este sentido, el cupaire propone que la Generalitat actúe como un Estado. “No aceptemos que el catalán desaparezca cuando hay [en contra] un poder o una jerarquía. Necesitamos una administración pública que nos proteja”. También crearía una conselleria de la lengua catalana a la cual habría que asignar el 0,5% del presupuesto (equivaldría a unos 2.000 millones de euros).

Para cerrar el debate, se ha preguntado por la propuesta de sustituir la inmersión por una doble red de escuelas, una inmersiva y otra no, pero obligada a pasar evaluaciones externas del nivel de catalán de sus estudiantes. Es la idea de Alhora, el partido de Clara Ponsatí y Jordi Graupera, que se había quejado de que lo habían excluido del debate. Vila ha replicado que la idea “parte del miedo”, que más bien hay que "renovar la inmersión y que afecte en todo el país”. Ten también se ha opuesto y ha reclamado “una inmersión bien aplicada” porque “la doble red no lleva a una lengua compartida ni es factor de cohesión social”. Para Niubó, “es una línea roja porque no protege el catalán, ni promueve la igualdad y la cohesión social”. Bárcena también si ha opuesto: “La inmersión es un patrimonio que debemos preservar”. Riera ha acusado a Alhora de someterse a las sentencias del TSJC y del TC que liquidan la inmersión. Martín Blanco también se ha opuesto “desde el afecto”.