La primera parte del debate de política general en el Parlament de Catalunya acabó este martes casi de madrugada. Y ya ha empezado la segunda: la de las propuestas de resolución. Durante la sesión plenaria, la CUP evidenció que están a la oposición del Govern de ERC y Junts. Lo están en el ámbito nacional, donde reclaman al ejecutivo de Pere Aragonès que se levante de la mesa de diálogo y se dirija a las instituciones europeas e internacionales. Pero también en el ámbito social, donde ven poco valientes las medidas para hacer frente a la crisis y la escalada de precios. Entre sus propuestas también hay la de declarar a Endesa non grata y "desconectar todo ente público" de su red de suministro.
La que hace referencia al conflicto político es la quincena de sus propuestas de resolución y ya arranca constatando "el callejón sin salida de la actual mesa de diálogo", la falta de voluntad real del Gobierno a abordar el contencioso y como Catalunya sigue en un "escenario de represión y vulneración de derechos fundamentales". Como ya hicieron en su discurso en el hemiciclo, sostienen que "la resolución democrática del conflicto, visto el inmovilismo del Estado Español, tendrá que producirse en un marco de negociación internacional y como resultado de una ruptura democrática previa con el Estado, desde las instituciones catalanas y mediante la movilización social".
Por todo esto, en su documento, los anticapitalistas instan al Govern a "dar por acabada y cerrada la actual fase de la mesa de diálogo" y dirigirse antes de final de año a la ONU, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para "reclamar con urgencia una resolución democrática del conflicto", a partir de la autodeterminación y la amnistía. Los cuperos también reclaman al ejecutivo "actuar con soberanía" para garantizar los derechos sociales de la población, no cooperar en la estabilidad de las instituciones españolas o parar la "participación y colaboración de los Mossos d'Esquadra en la represión política de los movimientos defiende de los derechos sociales, civiles y políticos".
Las otras propuestas
Las otras catorce propuestas de resolución buscan hacer frente a las múltiples crisis que afectan a Catalunya. En este sentido, plantean cuestiones como una energética pública que se encargue de la generación, distribución y comercialización de la electricidad o “declarar a Endesa non grata” y desconectar a todo ente público de la red de suministro de esta empresa. Los anticapitalistas también quieren "controlar los sectores estratégicos", una banca pública, controles de precios de productos básicos, acabar con los conciertos a las escuelas o poner fin a los desahucios y regular los precios del alquiler desobedeciendo el veto del Tribunal Constitucional a la ley catalana.
Papel de oposición
La propuesta de un acuerdo de la claridad hecha por el presidente Aragonès es papel mojado. Al menos así lo ha querido poner de manifiesto la CUP en su turno al debate de política general en el Parlament de Catalunya. "La Moncloa no ha tardado ni treinta minutos en descartarlo", ironizó la diputada Eulàlia Reguant, que recordó que, en estos momentos, la solución no pasa por el marco español, sino por el marco internacional. En el terreno social, los anticapitalistas también se situaron a la oposición, deshaciéndose de la etiqueta de socios prioritarios que les quieren colgar desde Sant Jaume. Los anticapitalistas consideran coyunturales e insuficientes las medidas anunciadas, cargan contra el discurso "autocomplaciente" del jefe del Gobierno para parecer "propio de un dirigente de la patronal" y censuran la disputa entre ERC y Junts, que sólo ven como una pugna por la hegemonía. El president Aragonès evitó el choque con los cupaires.