Hace diez años, la actualidad informativa del 30 de marzo estuvo marcada por dos acontecimientos: la confirmación que el copiloto que estrelló el avión de Germanwings había estado en tratamiento por tendencias suicidas y la firma de un acuerdo para la hoja de ruta que aceleraba el procés de independencia, que ya había cogido velocidad de crucero. Aquel preacuerdo fue firmado por Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, con Artur Mas y Oriol Junqueras al frente, con el visto bueno de las principales entidades independentistas (la Assemblea, Òmnium Cultural y la Associació Catalana de Municipis) y buscaba "reunir las organizaciones soberanistas que comparten el objetivo que Catalunya inicie un proceso de transición democrática para que se convierta en un estado independiente si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía", guiñando el ojo a la CUP, que en aquel momento se encontraba debatiendo cuál tenía que ser la posición respecto de las elecciones convocadas por el president de la Generalitat, Artur Mas, para el 27 de septiembre. El resumen de aquel documento era el compromiso de los dos partidos mayoritarios del movimiento para una "transición nacional que resulte en una República Catalana en 18 meses" si había mayoría independentista en el Parlament tras los comicios.

Los precedentes: Pacte de la Lliberat, 9-N y adelanto electoral

Este acuerdo entre CDC, ERC y las entidades independentistas fue un paso muy significativo durante los años del procés, pero ya se habían producido acontecimientos clave los años anteriores. Empezando por las elecciones del 25 de noviembre de 2012. CiU perdió 12 escaños, quedándose con 50 y ERC, con Oriol Junqueras de cabeza de lista y Marta Rovira como su número 2 (como al partido) duplicaron resultados respecto del batacazo electoral del 2010 y se convirtieron con segunda fuerza con 21 diputados, por delante del PSC. Tres semanas más tarde, el 19 de diciembre, Mas y Junqueras firmaron en el Parlament al conocido como Pacte de la Llibertat, aunque su nombre entero era Acord per a la transició nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària del Govern de Catalunya. Quedaba claro, pues, su objetivo. En aquellas elecciones, la CUP, con David Fernández al frente, entró por primera vez en el Parlament y se convirtió en un actor clave.

Durante las Diadas del 2013 y el 2014 Catalunya volvió a hacer oír su clamor por la independencia y la reclamación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Las palabras de Carme Forcadell al acabar la manifestación del 11 de septiembre del 2014 exigiendo al presidente Mas que "pusiera las urnas" se convirtieron en un lema y dos semanas más tarde, el 27 de septiembre, el jefe del Ejecutivo firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, después de que se aprobara la ley de consultas no populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana. Aunque el objetivo inicial era celebrar un referéndum i después una consulta no refrendaria finalmente se optó por la fórmula "proceso de participación ciudadana", que incluía la preguntada pactada. El Tribunal Constitucional la suspendió a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy, pero el Govern la mantuvo.

Y el 14 de enero del 2015, Artur Mas anunció que un año después de convocar el 9-N, el 27 de septiembre del 2015, los catalanes estarían convocados a las urnas para unas nuevas elecciones al Parlament que describió como plebiscitarias. Después de una reunión de cuatro horas con Junqueras y representantes de las principales organizaciones del movimiento, se hizo público el acuerdo donde quedaba recogido que los partidos se presentarían con "listas diversas, pero con una hoja de ruta compartida". ERC siempre dejó claro que su voluntad era presentarse por separado en aquellas elecciones, en un momento donde el partido crecía exponencialmente (ganó a las europeas de aquel año) pero no fue así.

Elecciones plebiscitarias, texto constitucional, estructuras de estado, culminación en 18 meses

La hoja de ruta, concepto que en los meses siguientes llenaría miles de titulares, firmada por los partidos y entidades el 30 de marzo de 2015 recogía que las elecciones del 27-S tendrían un carácter plebiscitario y que "servirían como a mecanismo legal para conocer la voluntad del pueblo catalán sobre su futuro político sustituyendo el referéndum que se impidió realizar". En aquel momento se hablaba de "candidaturas soberanistas" en plural y quedaba por escrito que en sus programas tenían que dejar claro que las elecciones eran un plebiscito y que "votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Catalunya".

Respecto del procés de independencia, el documento recogía la elaboración de un proyecto de texto constitucional en un plazo de 10 meses, a través de un mecanismo participativo y supeditado a un referéndum posterior. También la creación y la puesta en funcionamiento de las "estructuras necesarias del nuevo estado", entre las cuales una hacienda propia, seguridad social, acción exteriores, abastecimiento energético o seguridad. Dentro de este punto también se incluía el "ejercicio de los actos de soberanía necesarios para construir el nuevo país" y estaba aquí donde se fijaba el plazo de los 18 meses, desde el 27-S para culminar el proceso de transición nacional hacia la "proclamación de un nuevo estado o República Catalana". Cuando acababa de llegar al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (que venía de Súmate) aseguraba que estaría ahí 18 meses, "ni un día más" porque no había plan B.

Respecto de las relaciones institucionales, se planteaba el inicio de negociaciones con el Estado de las nuevas condiciones: "Reparto de activos y pasivos, relaciones entre los nuevos estados". También la apertura de negociaciones con las instancias internacionales para el "reconocimiento y admisión del nuevo estado" y quedar a la expectativa ante la alternativa de un referéndum vinculante por parte de España sobre la independencia. Es la única mención que se hace a un referéndum de autodeterminación, porque el referéndum eran las elecciones mismas. El documento acababa con la culminación del procés: un referéndum vinculante sobre la nueva constitución. Sería, pues, con el resultado positivo de este referéndum, lo que permitiría "la proclamación de la independencia" A partir de este punto, se escogería el nuevo Parlament y se empezaría a negociar "las nuevas formas de relación con el Estado español y la Unión Europea".

Pacto electoral con hoja de ruta

Tras semanas, meses, de un largo debate que parecía que no tenía fin, Convergència y ERC anunciaron un acuerdo para contribuir juntos a las elecciones plebiscitarias, lo que se convertiría en Junts pel Sí. Esta siempre había sido la voluntad de Artur Mas, pero Junqueras y Esquerra se negaban: inicialmente el rechazo era absoluto, después se mostró en contra de una lista conjunta que incluyera políticos y finalmente, la noche del 10 de julio, se anunció un principio de acuerdo que tenía que ser "el paso definitivo hacia la independencia". En palabras de Junqueras, el objetivo del acuerdo era garantizar ganar el plebiscito del 27 de septiembre y hacer "la independencia de Catalunya". En la puesta de largo de la candidatura, antes de que Mas convocara oficialmente las elecciones, se hizo público que el cabeza de lista sería Raül Romeva, que acababa de irse de Iniciativa y con quien Junqueras había coincidido en su etapa en el Parlamento Europeo, aunque en todo momento quedó claro que el candidato a la presidencia era Artur Mas.

Esta lista presentó su propia hoja de ruta, muy parecida a lo que ya se había acordado el 30 de marzo, ahora hace exactamente diez años. El plazo de los 18 meses formaba parte de ella: "Se iniciará la segunda fase del proceso de elaboración de la Constitución del nuevo Estado independiente con la convocatoria de unas elecciones constituyentes en un periodo máximo de 18 meses desde la celebración de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre", se puede leer.

 

El resultado de aquellas elecciones es sobradamente conocido: Junts pel Sí ganó con 62 escaños, sin llegar a los 68 que marca la mayoría absoluta y que era su objetivo. La CUP, con Antonio Baños y Anna Gabriel, consiguió 10. El mapa de Catalunya quedó teñido del azul celeste de la coalición, con victorias por todo el país, prácticamente en todos los municipios, con algunas excepciones donde se impuso Ciutadans (Inés Arrimadas consiguió ser líder de la oposición) y los socialistas en el área metropolitana. Artur Mas no consiguió un tercer mandato como president de la Generalitat ante el veto de los cupaires, con el famoso empate de Sabadell incluido, y el cargo lo asumió Carles Puigdemont, hasta entonces alcalde de Girona, que se hizo suya aquella hoja de ruta y se comprometió con ella. 

"O referéndum o referéndum"

Con este compromiso con la hoja de ruta, Marta Rovira, que ejercía como portavoz de Junts pel Sí en el Parlament (Jordi Turull era el presidente de su grupo parlamentario) explicó en una rueda de prensa en la cámara catalana pocos días después de la investidura de Puigdemont que se proclamaría la independencia en 18 meses, antes de convocar unas eventuales elecciones constituyentes, todo según el documento marco. En aquel momento, solo se planteaba la posibilidad de hacer un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, que no llegó nunca. Lluís Llach, que había entrado como diputado en el Parlament, se recorrió Catalunya durante todo el 2016, para explicar a aquellos que habían votado a Junts pel Sí, cuál era el estado de la cuestión y en qué punto de la hoja de ruta se encontraban.

Cuando se cumplía un año de las elecciones del 27 de septiembre, Carles Puigdemont se sometió a una cuestión de confianza ante el rechazo de la CUP a los presupuestos. La superó con la mayoría independentista y con una promesa, que suponía un cambio respecto de aquello que estaba escrito en aquel documento que hoy cumple una década: "O referéndum, o referéndum". Esta, sin embargo, es efeméride de otro costal. 

En la imagen principal, Artur Mas y Oriol Junqueras la noche del 27-S / Foto: Efe