El Congreso de los Diputados arranca el nuevo año con una batería de leyes en tramitación. Son iniciativas que empezaron a andar en la Carrera de San Jerónimo en los últimos meses y que todavía no cuentan con suficientes apoyos (y con la complicidad del PSOE) para recibir luz verde. ElNacional.cat repasa diez iniciativas legislativas que han superado su primer examen parlamentario en la cámara baja (la toma en consideración), que están a merced de las alianzas entre los diferentes partidos y que pueden marcar la actualidad política de los próximos meses. Entre ellas, hay propuestas abanderadas por el PSOE que esperan pacientemente tener el aval de los aliados habituales (por ejemplo, regular la ilegalizació las asociaciones que hagan apología del franquismo), iniciativas de los socialistas que concitan cierta complicidad del PP (como convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad), la pugna insalvable entre derechas e izquierdas (la regulación de los alquileres de temporada) y una serie de iniciativas impulsadas por los socios de investidura de Pedro Sánchez:
- Combatir la multirreincidencia (Junts)
- Reformar la ley mordaza (Bildu)
- Despenalizar las injurias al rey y los ultrajes a España (Sumar)
- Hacer que jugar en la selección española sea voluntario (ERC)
- Reformar la ley de secretos oficiales y aumentar el control político y judicial del CNI (PNV)
- Reforzar la ley del solo sí es sí (Podemos)
Combatir la multirreincidencia
Una de las leyes que se podrían desencallar durante el año 2025 es la iniciativa de Junts para hacer frente a la multirreincidencia. Superó su primer examen parlamentario en septiembre con el aval del PP, el PSOE, Vox y el PNV, el rechazo de Sumar, Bildu y Podemos y la abstención de ERC. Entre otras cosas, quiere introducir penas de entre uno y tres años de prisión por robar un móvil y forzar a los jueces a imponer penas de prisión a los delincuentes que hayan sido condenados por tres hurtos. Desde las filas juntaires, confían en que la tramitación de la iniciativa pueda encauzarse en los próximos meses, empiezan a poner prisas a los socialistas y se muestran convencidos de que conseguirán los apoyos necesarios (del PP y el PSOE) para que haya fumata blanca.
Durante el primer debate, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió la iniciativa como una herramienta para que “todo el mundo sepa que delinquir aquí no sale gratis” y para dar respuesta a los “llamamientos públicos de auxilio que tantos alcaldes de varias sensibilidades” ante la “grave alarma social”. “Entendemos que hay un problema y compartimos el diagnóstico, pero somos de izquierdas y no compartimos la solución, que no puede ser una especie de Código Penal mágico donde endureciendo las penas todo se soluciona”, sostuvo al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para justificar su abstención. “No se puede ser Convergència y Aliança Catalana a la vez”, añadió dirigiéndose a la bancada de Junts.
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Regular los alquileres temporales
Otro de los grandes temas que se arrastran de los últimos meses es la regulación de los alquileres de temporada. Junts permitió en diciembre que la iniciativa promovida por el Sindicato de Inquilinas se empezara a tramitar en la cámara baja, pero los juntaires advierten que no comparten el espíritu de la ley en conjunto y que no facilitarán que salga adelante porque no es su modelo. “Si se aprobara íntegra y literalmente, empeoraría todavía más el acceso a la vivienda. Nuestro «sí» hará posible el debate, pero no presupongan ni por un instante un «sí» de Junts a este texto, haría falta que fuera sustancialmente diferente de lo que aquí se nos presenta”, esgrimió la diputada Marta Madrenas. Por parte de ERC, Pilar Vallugera lamentó el “drama” que supone que la izquierda “no sea capaz” de convertir en “condiciones de vida” todo lo que promete desde la tribuna del Congreso y la “dificultad” de llegar a “ninguna formulación legislativa que sea verdaderamente transformadora en clave social de izquierdas”.
Era la segunda vez que la iniciativa llegaba al pleno de la cámara baja. En la primera ocasión, en septiembre, Junts votó en contra a última hora e impidió que superara el primer filtro del Congreso. Poco más tarde, ERC registró un nuevo texto con algunos retoques con la voluntad de seducir los juntaires: de entre los cambios que se introdujeron, se modificó el margen temporal para fijarlo en los nueve meses, se introdujo la necesidad de avisar al propietario en casos de subarrendamiento y se blindaron las competencias de la Generalitat de Catalunya y de los ayuntamientos.
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Reformar la ley mordaza
De la pasada legislatura, se arrastra la reforma de la ley mordaza aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015. En 2023, el intento naufragó por la negativa de ERC y Bildu y hace tres meses el Gobierno y los abertzales acordaron una nueva modificación que incluía sustituir “progresivamente” las pelotas de goma por otros dispositivos “menos lesivos” (sin fijar una fecha), poner fin a la “discrecionalidad” en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad (que tendrán que ser “objetivables y justificadas”) y el compromiso de modificar la Ley de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Desde el primer momento, Junts alertó de que el nuevo redactado es una “versión light” de la norma para “no hacer enfadar” a los sindicatos policiales y advirtió que, sin cambios de fondo, “será muy difícil que la tramitación de la ley llegue a buen puerto”. En las enmiendas al articulado, los juntaires apuestan, entre otras cosas, por eliminar las pelotas de goma a todo el Estado a finales del 2025, apartar a la policía española de las grandes concentraciones y suprimir la responsabilidad de los organizadores de las protestas.
Durante el primer debate en el pleno, Francesc Marc-Álvaro (ERC) reprochó al PSOE que haya arrastrado los pies los últimos años y lamentó que la propuesta “podría ser mejor”, por ejemplo, si no hubiera “ambigüedad” sobre las pelotas de goma y “se estableciera un tiempo concreto” para su eliminación definitiva. “Tendríamos que haber derogado antes esta desgraciada y lesiva ley, habríamos ahorrado mucho sufrimiento a muchas personas y colectivos que han sido multados, encausados y condenados por una ley impropia, aberrante e indigna”, añadió. La ley superó la primera votación en la cámara baja con 176 votos a favor y 170 en contra y, un mes y medio después, la misma mayoría cerró la puerta a las propuestas del PP y Vox para endurecerla.
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Despenalizar las injurias al rey y los ultrajes a España
En la carpeta de los derechos fundamentales, hay otra iniciativa que está caminando en el Congreso: una ley de Sumar para derogar seis preceptos del Código Penal referentes a los delitos contra la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, los ultrajes a España, a las comunidades autónomas y a sus símbolos y emblemas, las injurias al Gobierno, al CGPJ, al TC, al Tribunal Supremo, a los gobiernos autonómicos, al ejército y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y contra los sentimientos religiosos o de escarnio público. El PSOE se abrió a ella para favorecer un debate “serio, profundo y esclarecedor” sobre la libertad de expresión y con la voluntad de “fijar el contenido inviolable y los límites de esta libertad”. El primer debate discurrió entre demandas de Junts y ERC a los socialistas para abordar de verdad la despenalización de las injurias a la Corona. “¿Señores del PSOE, ahora sí? ¿Lo tenemos claro? ¿No todavía?”, se preguntó irónicamente Eduard Pujol (Junts). Y Pilar Vallugera (ERC) verbalizó la “obligación de pedir” al PSOE y a Sumar que no dejen esta iniciativa “en un cajón durmiendo el sueño de los justos”.
La reforma de las injurias también la puso encima de la mesa el Gobierno cuando presentó el plan ‘anti-fango’, que prevé reformar los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho a la libertad de expresión y la creación artística “cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público”. Ahora bien, la Moncloa no lo concretó demasiado más y no aclaró si la modificación afectará a la Corona. Esta reforma legislativa ha vuelto a tomar vuelo en las últimas horas después de la ofensiva judicial contra Lalachus por una estampita del Grand Prix durante las campanadas de TVE (una más de las infinitas representaciones religiosas que se acostumbran a viralizar). “El año 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y de creación”, respondió el ministro Félix Bolaños. Y el diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, le recordó que su texto está tramitándose en el Congreso: “Modificar los delitos de libertad de expresión no puede depender de que afecte a una persona conocida”, esgrimió.
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Reformar la ley de secretos oficiales
Una de las carpetas atascadas desde hace años es la reforma de la ley de secretos oficiales, que todavía mantiene el redactado del franquismo. La norma que se está tramitando en el Congreso la registró el PNV y en febrero superó el primer examen parlamentario por cuarta vez en medio de llamamientos al PSOE para que no la bloquee. La principal novedad del texto es fijar un tiempo máximo de clasificación de 25 años para las materias secretas y de 10 años para las reservadas (en el caso de las secretas, el Consejo de Ministros podría aprobar una “prórroga excepcional y motivada” de 10 años más). Además, establece que, cuando la ley entre en vigor, las materias clasificadas que hayan cumplido los plazos de vigencia quedarán inmediatamente desclasificadas, cosa que afectaría, por ejemplo, a los documentos relativos al 23-F o a los GAL. Junts denunció que todavía “haya leyes vigentes firmadas por un dictador” y que “el franquismo sigue impregnando muchas instituciones del Reino de España” y ERC definió la actual ley como un “anacronismo” y un “residuo tóxico y podredumbre estricta del franquismo”. La reforma de la ley de secretos oficiales también forma parte del plan ‘anti-fango’ de Pedro Sánchez, aunque a día de hoy no ha habido novedades.
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Ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo
El Congreso también tiene entre manos una iniciativa enmarcada en el recorrido para poner fin al enaltecimiento del franquismo. Es una ley presentada por el PSOE con la voluntad de poder disolver judicialmente las asociaciones que lleven a cabo actividades que constituyan “apología del franquismo, bien enalteciendo el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes” si suponen un “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” del golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo o una “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Este paso se sumó al que hizo el Ministerio de Cultura en junio, cuando empezó los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco (es una fundación y, por lo tanto, no se ve afectada por esta reforma). La sorpresa de la votación fue que el PP, que meses atrás había mostrado las reticencias con la futura extinción de la Fundación Franco, lo apoyó.
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Hacer que jugar a la selección española sea voluntario
Una de las primeras negociaciones in extremis del PSOE esta legislatura fue para una ley impulsada por ERC que pretende que cualquier deportista tenga la libertad de aceptar o renunciar a la convocatoria de la selección española. Los socialistas se negaron en un primer momento a ello, pero acabaron permitiendo que la norma se empezara a tramitar. “Nos abrimos a escuchar”, reconocían fuentes del grupo parlamentario del PSOE. Los republicanos enmarcaron la iniciativa en los deportistas que no quieren competir con España y en el contexto del caso Rubiales (el beso del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol a la futbolista Jenni Hermoso después de ganar el Mundial), que había puesto de manifiesto que había que garantizar la igualdad y la no discriminación por razones de género. Durante el debate, Montse Bassa (ERC) acusó a los “nacionalistas fanáticos” de “secuestrar la voluntad” de los deportistas y Pilar Calvo (Junts) denunció que el “imperativo legal de jugar a la selección española atenta contra los derechos individuales de los deportistas”.
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Convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad
Otra de las iniciativas que dividió la mayoría de la investidura de Sánchez y los socios de coalición en la Moncloa fue en una iniciativa para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad. Era una propuesta del PSOE que fue tomada en consideración con el apoyo del PP, Vox, Junts y el PNV. ERC y Bildu votaron en contra y Sumar y Podemos se abstuvieron. Aparte de la modificación principal, la norma también apuesta por agravar las penas para los que atenten contra la integridad de los funcionarios de prisiones, dar presunción de veracidad a su testimonio y establecer que se les pueda “resarcir económicamente” cuando sufran daños personales. En el primer debate, Josep Maria Cervera (Junts) se comprometió a batallar para que la nueva ley “no desvirtúe el modelo penitenciario catalán, no represente una centralización encubierta que afecte a las competencias de la Generalitat y no sea un lastre económico para el Govern de Catalunya”. Y Pilar Vallugera (ERC) cargó contra la “concitación de tantas voluntades de derecha juntas”, pidió “incidir” en el hecho de que ahora los reclusos son “más agresivos” y auguró que la iniciativa será algo “simbólico” y “sin ningún efecto en la realidad” si no va acompañada de otras medidas.
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Más control político y judicial del CNI
Una iniciativa que tiene pocas posibilidades de prosperar es la que impulsó el PNV con el objetivo de profundizar el control político y judicial de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia, en especial con respecto a las “intervenciones con afección en derechos fundamentales”. Es un texto que fue rechazado en diciembre de 2022 con el voto en contra del PSOE y Podemos y que el pasado septiembre superó el primer examen parlamentario por el cambio de posición de socialistas y morados. La reforma de las leyes que regulan el CNI fue un compromiso de Pedro Sánchez en mayo de 2022 como respuesta al Catalan Gate, pero quedó en un cajón. “El Gobierno nunca ha cumplido el compromiso del presidente, ni siquiera con disposición a hacerlo”, lamentó Mikel Legarda, diputado del PNV. La iniciativa introduce dos cambios sustanciales: establecer una “responsabilidad política y directa” del presidente del Gobierno (y que sea él quien proponga al director del CNI) y estipular que las autorizaciones judiciales se tengan que tomar por “unanimidad” por un “órgano colegiado compuesto por tres magistrados del Tribunal Supremo”.
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Reforzar la ley del solo sí es sí
Finalmente, una de las apuestas legislativas de Podemos esta legislatura es reforzar la ley del solo sí es sí. El objetivo de los morados es que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales. La iniciativa, que se empezó a tramitar con el apoyo de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez y la abstención del PNV, está paralizada. Para defenderla, Ione Belarra acusó la Moncloa de estar “incumpliendo” la ley del solo sí es sí y de dejar en “total desprotección” las víctimas de violencia sexual. “La mayoría feminista que existe en este Congreso la tiene que hacer rectificar. Pido que obliguemos al Gobierno a cumplir sus responsabilidades”, subrayó.