David Madí no ha declarado este jueves ante el juez en la Audiencia Nacional. Pero no por una cuestión estratégica, sino por cuestiones ajenas a su defensa: la huelga de funcionarios de justicia ha hecho que su declaración se haya tenido que suspender. Así, David Madí y su abogada, Olga Tubau, no se han pasado ni 15 minutos dentro de la Audiencia Nacional. Han entrado cinco minutos antes de las diez de la mañana, y han salido de brazos cruzados cuando las agujas del reloj todavía no marcaban diez minutos pasados de las diez.
Con la suspensión de la declaración de este jueves, es la tercera vez que el juez de la Audiencia Nacional aplaza su cita con David Madí. Fuentes del entorno del exdirigente de CDC, sin embargo, han explicado a ElNacional.cat que, esta vez, Pedraz no ha dado pistas de cuándo podrá volver a hacer venir a Madí hasta Madrid. En un primer momento, el juez lo citó a declarar el 26 de abril, después la aplazó al 3 de mayo y, finalmente, lo ha hecho venir este 8 de junio. Con la cancelación de este jueves, no se sabe cuándo podrá volver a ser llamado Madí.
El exdirigente de Convergència estaba citado a declarar este jueves por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para ser interrogado en el marco de una investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa de Ambulancias Egara por parte de la Generalitat, una derivada del caso 3%. La causa se efectúa contra Madí y siete empresarios por supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación de concursos públicos. De esta macrocausa, la del 3%, también depende la pieza separada de la productora Triacom, a partir de la que un juzgado de Barcelona condenó a Madí a 14 meses de prisión por fraude fiscal.
El primero a pasar por la Audiencia Nacional fue el máximo responsable de la empresa, Óscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí, pero negó ningún trato de favor ni que cometiera ninguna irregularidad en la adjudicación de contratos públicos. No obstante, Simón sí que admitió que su padre, el fundador de Ambulancias Egara que le dejó la compañía en herencia, hizo en su día una donación de 30.000 euros a la fundación CatDem, pero le restó importancia señalando que había hecho entregas de dinero a varias organizaciones y países.
Las ambulancias, una rama del 3%
Al fin y al cabo, el juez de la Audiencia Nacional sospecha que Ambulancias Egara forma parte del entramado de empresas que habrían recibido concesiones públicas a cambio de comisiones irregulares, que se habrían utilizado para financiar CDC. Todo cuelga del 2015, cuando la compañía ganó el concurso para gestionar los servicios de transportes de ambulancias de toda Catalunya y superar el ámbito comercial histórico, que era el Vallès Occidental.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, Madí les habría ayudado en la expansión buscando inversores y, al mismo tiempo, habría colaborado para que se quedaran los contratos públicos a cambio del pago de comisiones a CDC. El pasado mes de marzo, el juez acordó la entrada y registro de la sede de la empresa de ambulancias para localizar documentación sobre aquellas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando CDC estaba al frente del Gobierno.