En el mismo edificio donde Moncloa decidió ahora hace un año reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, en la Lonja de Mar, una decena de formaciones políticas de hasta cinco comunidades autónomas distintas se han conjurado en una alianza política como respuesta a "la seria preocupación por los graves efectos que tendrán las sentencias contra los líderes políticos y sociales catalanes para el ejercicio de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía". En un manifiesto conjunto, expresan el rechazo a las condenas contra los líderes independentistas, defienden el derecho de autodeterminación y apuestan, una vez más, por el diálogo como única solución.

La declaración la han firmado ERC, Junts per Catalunya, la CUP, la Crida Nacional, el PDeCAT, Demócrates, Bildu, el BNG, Més Mallorca, Més Menorca y Esquerra Valenciana. El acto ha contado con figuras destacadas de todos estos partidos i también del gobierno catalán, como el vicepresident Pere Aragonès i el conseller Jordi Puigneró, y las diputadas Laura Borràs y Malta Vilalta o Arnaldo Otegi.

El objetivo de esta iniciativa es poner de manifiesto que el Estado español no tiene un conflicto sólo con Catalunya, sino que el problema es deslocalizado. El manifiesto es extremadamente contundente, pero concluye asumiendo "el compromiso con la búsqueda de soluciones democráticas y estables al conflicto político que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español".

Antes, el texto cuestiona que España sea un estado "plenamente democrático y moderno como los de su entorno europeo", denuncia que "ha entrado en una etapa de regresión, hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo" que "ha afectado tanto a los diversos pueblos como a los movimientos de ámbito estatal que piden una modernización del Estado y la superación definitiva del régimen anterior". Asimismo, se exclama por la falta de "reconocimiento y respeto a la plurinacionalidad", la inexistencia de "separación de poderes" y las "amenazas continuas de suspensión de la autonomía, del autogobierno y de derechos históricos por cualquier vía".

Ante esta realidad, reivindican "el derecho a la autodeterminación", el carácter "democrático y pacífico" de su acción política, la libertad de los presos y el retorn de los exiliados, las libertades civiles y unas políticas sociales que permitan el progreso de los pueblos.

A su vez, se hace una apelación a la comunidad internacional para que "posibilite, dé apoyo y promueva dichas soluciones".