Un juez de Barcelona ha declarado nulo el despido de una administrativa del Consejo Deportivo de l'Hospitalet (Barcelonès), que era la principal testigo de la trama de las presuntas irregularidades en fondo a la entidad, y ha obligado al organismo a readmitirla. La sentencia, que puede ser recurrida en súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), también obliga al Consejo a indemnizar a la mujer por daños y perjuicios morales con 60.000 euros.
Según consta a la sentencia en la cual ha tenido acceso el Nacional, el juzgado de lo social número 3 de Barcelona ha obligado al Consejo a pagar a la administrativa los salarios desde el 28 de junio del 2023, cuando fue despedida, hasta el día en que sea reincorporada, a razón de 71,56 euros diarios. La administrativa es la principal testigo del caso de las supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del Consejo Deportivo, en la cual está imputado el exteniente de alcalde del PSC de l'Hospitalet de Llobregat Cristian Alcázar, y donde lo estuvo también la exalcaldesa Núria Marín, después exculpada.
Sobre el caso de la administrativa, el juzgado de lo social ha dictaminado la nulidad de su despido, al entender que "es clara la conexión temporal entre el resultado de la citación como testigo de la demandante y el despido", y que no hay "ninguna duda que la decisión empresarial es reactiva a esta posición". En cuanto a la posición de la entidad, que alegó "causas objetivas de organización" para proceder a su despido, ha rechazado el argumento del Consejo que prescindieron de la administrativa porque sus funciones las habían absorbido otras personas, ya que no se acredita con suficiencia. "No estamos ante una razón objetiva, justificada y de extinción del contrato de trabajo, por lo cual se tiene que declarar que el despido no está justificado", ha dicho el tribunal.
El pasado 18 de febrero, también se tenía que celebrar un juicio en la Audiencia de Barcelona sobre una pieza separada del caso, en este caso contra Cristian Alcázar y el exprimer secretario del PSC en l'Hospitalet, Cristóbal Plaza, por haber simulado el despido del segundo. No obstante, un entendimiento entre las partes permitió llegar a un acuerdo de conformidad, que evitó la celebración de la vista oral. Los dos exconcejales de PSC de l'Hospitalet de Llobregat admitieron que se habían apropiado indebidamente de 47.147 euros del Consejo Deportivo de l'Hospitalet (CELH) y aceptaron una condena de 9 meses de prisión.