Los socios de Govern ultiman el decreto sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos que, junto con la ley pactada por PSC, ERC, Junts y comuns, tiene que servir para dar respuesta a la sentencia que impone el 25% de castellano en las escuelas. El decreto, todavía en fase de borrador y al cual ha tenido acceso ElNacional, fija de manera explícita "la inaplicación" de cuotas lingüísticas y sitúa el departamento de Educación como responsable último de los proyectos lingüísticos de los centros. La previsión es que este mismo viernes el Govern apruebe en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el decreto. Esta misma reunión, según fuentes del ejecutivo, podría servir también para aprobar la convocatoria de la consulta de los Jocs Olímpics d'Hivern prevista para el 24 de julio.

El texto, que todavía negocian ERC i Junts tiene que servir para fijar "los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos sostenidos con fondos públicos". Tiene cuatro artículos y tres disposiciones. La referencia a las cuotas aparece en el punto cuatro del artículo dos donde se establece de manera específica "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

 

Este artículo fija los criterios y objetivos que tienen que regir la organización de la enseñanza y 'uso de las lenguas en los centros educativos, señala como marco de referencia las determinaciones del Estatuto de Autonomía, la ley de política lingüística de 1998 y de educación de 2009, y establece tanto "la garantía de que el alumnado alcance el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria" como "la necesaria adecuación de los proyectos educativos y lingüísticos en el entorno sociolingüístico de los centros".

Responsabilidad del conseller

El segundo punto clave del decreto era descargar los centros de la responsabilidad ante la sentencia del TSJC. Por esta razón, el artículo cuatro del borrador que trabajan los partidos señala que: "Sin perjuicio de la autonomía de los centros educativos, el departamento competente en materia de educación tiene que validar en un periodo no superior a los 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente e instar la modificación en caso contrario. El departamento competente en materia de educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida".

Previamente, el artículo tres señala que los proyectos lingüísticos de los centros tienen que tener en cuenta "las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado con el fin de alcanzar los objetivos de normalización lingüística, atendiendo a los recursos del centro, incluidos los de carácter digital". Este punto establece también que mediante pruebas y evaluaciones periódicas internas y externas en periodos no superiores a dos años se revisará el conocimiento de las lenguas en las diferentes etapas educativas a fin de que los centros revisen y modifiquen, si es necesario, el proyecto lingüístico en función del conocimiento oral y escrito en el uso de las lenguas que en las diferentes etapas educativas el alumnado acredite.

Competencia exclusiva

El articulado va precedido de una larga exposición de motivos en qué se recuerda de que el Estatut establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de lengua propia y, por lo tanto, "puede determinar el régimen lingüístico del sistema educativo con la finalidad de garantizar la normalización lingüística del catalán", y garantizando el cumplimiento del deber y el derecho de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano.

Recuerda asimismo que el decreto de despliegue del título II de la ley de educación, sobre el régimen lingüístico, está todavía en fase de consultas, y que "el elemento nuclear del modelo lingüístico escolar de Catalunya es el proyecto lingüístico del centro". "En la elaboración del proyecto lingüístico no se puede eludir la diversidad cultural y lingüística del alumnado de los diferentes centros del sistema educativo de Catalunya", subraya el texto dónde se destaca que la realidad heterogénea de Catalunya imposibilita la aprobación de una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio y que la conselleria la tiene que validar y velar con el fin de garantizar que se ajusta a la legalidad y a la realidad sociolingüística del centro y mujer respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

Seguridad jurídica

"No obstante, los proyectos lingüísticos de centro han sido objeto de debate y controversia jurídica en los últimos tiempos alterando así el normal desarrollo de la actividad escolar y la estabilidad y la seguridad jurídica tanto del profesorado como del alumnado", añade. Es por esta razón, según explica, que la Generalitat ha tenido que emprender varias iniciativas con el objetivo de aprobar un marco normativo estable que proporcione seguridad jurídica además de cumplir con los objetivos sobre enseñanza y uso de las lenguas.

El texto subraya que "la necesidad extraordinaria y urgente" de aprobar este decreto obedece a la exigencia de contar "de forma inmediata y con antelación suficiente" con el marco normativo adecuado para preparar el próximo curso, 2022-2023.

Una vez aprobado, el decreto tiene que servir para elaborar las instrucciones que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tendrá que hacer llegar a los directores de los centros antes del 31 de mayo para poder evitar la imposición del 25% de castellano.

En el Parlament, PSC, ERC, Junts y comunes anunciaron ayer una nueva ley, ad hoc, para dar respuesta a la sentencia del TJSC donde se establece que el catalán es la "lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje". Los grupos han pactado este nuevo texto ante la decisión de Junts de desmarcarse de un acuerdo previo para reformar la ley de política lingüística pactado el pasado 24 de marzo, a raíz de la oposición a que levantó entre entidades en defensa de la lengua y colectivos de docentes.