La defensa de Nacho Cano ha vuelto contra la policía y ha anunciado hasta 17 denuncias de bailarines por coacciones, durante los interrogatorios previos a la detención del productor musical que se produjo la semana pasada. Se trata de 17 bailarines mexicanos que han participado en el musical Malinche, por el cual se investiga a Cano por presunta contratación ilegal de inmigrantes. El espectáculo se representa en Madrid desde 2022 y ha sido bastante polémico, por la "relectura" que hace de la colonización española de América.

El despacho de abogados Creamdes & Calvo Sotelo ha confirmado este martes que las denuncias han sido repartidas en diferentes juzgados, pero que previsiblemente se juntarán en uno solo: el juzgado de instrucción 36 de Madrid. En cualquier caso, todas ellas se refieren a los mismos hechos: un tratamiento inadecuado por parte de la policía, con coacciones y documentos "manipulados". Además, la defensa ha puesto otra denuncia por la retención de una joven de 15 años que no trabajaba, sin avisar a sus padres.

Coacciones y manipulación de documentos

Los hechos habrían tenido lugar el pasado 17 de junio, cuando doce agentes habrían irrumpido en la iglesia madrileña donde ensayaban a los bailarines y habrían dicho que se llevaba a cabo una inspección de trabajo. Así pues, los policías se los habrían llevado a comisaría durante varias horas para preguntarles sobre sus condiciones —cosa que, según los denunciantes, es irregular—. También los habrían coaccionado, además de elaborar documentos "manipulados". De la misma manera, consideran irregular que no tuvieran acceso a la denuncia en la cual una integrante de la plantilla denunció a Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes. Finalmente, el despacho ha denunciado la presencia de una menor que la policía no llevó a comisaría, pero que sí que habría retenido durante un tiempo en el local para tomarle declaración y sin llamar a sus padres.

Cano fue detenido el martes pasado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal. Según la versión del productor musical, no se trataría de 17 trabajadores: serían alumnos becados, que a veces participan en el espectáculo como aparte de la formación y que provienen de México "con todas las cuestiones legales" cumplidas. La cuestión es que habría habido "problemas con una persona conflictiva", a la cual se la quiso retornar a su país de origen. "Se le pone billete y no quiere. Amenaza que denunciará. Pasa el tiempo, seguimos con el programa y hace dos semanas se presentan doce personas de la Policía con una inspectora de trabajo en la escuela donde se imparten clases", apuntó el exmiembro de Mecano en una rueda de prensa, después de la detención.

Ataques de Cano contra la policía

La denunciante ha explicado públicamente que los bailarines habían viajado al estado español advertidos de que tendrían que pasar los controles como si fueran turistas, que los obligaban a trabajar del lunes al sábado durante doce horas y que estaban en "condiciones pésimas", ya que recibían solo unos 300 euros al mes. En cambio, el resto de becarios mexicanos han cerrado filas en torno a Cano y han defendido públicamente al productor.

En la surrealista rueda de prensa después de la detención, el exmiembro de Mecano se hizo la víctima y aseguró que "la única razón" de todo era su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Además de asegurar que se trataba de "persecución política", Cano cargó directamente contra los agentes y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "El criminal no soy yo, es la policía. Es a quien hay que investigar". Poco después, recogió cable y aseguró que no se refería a todo el cuerpo —aunque insistió en la existencia de un complot orquestado por el Gobierno.

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