Defensa encarnizada del síndico de cuentas, Miquel Salazar, por las críticas que ha recibido a raíz del polémico informe elaborado por la sindicatura en el cual se detalla que la DGAIA (la entidad pública que vela por el acogimiento de la infancia y la adolescencia) prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios. Aunque su comparecencia en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas no iba concretamente de eso, Salazar ha empezado su intervención defendiendo el sistema de auditoría de la Sindicatura. "Nuestro trabajo se basa en reglas desarrolladas a nivel internacional por una entidad auditoría que se llama INTOSAI", ha explicado el síndico de cuentas.
Salazar ha reivindicado que es una entidad que pide mucha exigencia y contraste. "Nuestros informes tienen un elemento que nos preocupa mucho, que es que los miramos mucho y con muchas miradas diferentes," ha dicho Salazar, defendiendo a los siete síndicos. De hecho, ha recordado que la gran mayoría de informes provienen de votaciones unánimes. Cuando explicamos un problema es porque lo hacemos con conocimiento de causa. Muchos nos encontramos con que son cronificados. Nuestra administración tiene problemas, y muchos. Estamos poniendo soluciones y hacemos recomendaciones", ha dicho el síndico de cuentas, que ha advertido que "matar al mensajero nunca es la solución". Con todo, ha advertido que seguirán trabajando: "No se equivoquen", ha asegurado dirigiéndose a los diputados.
Las críticas de ERC y el agradecimiento de Giró
Y es que Esquerra Republicana, que gestionó la DGAIA entre el 2016 y el 2024, acusó de "hacer el juego a la extrema derecha" con este informe. Los republicanos argumentaron que las irregularidades en la contratación tenía tres motivos, que es la llegada imprevisible de migrantes solos, el artículo 155 y la pandemia. Aunque el PSC y los Comuns aseguraron que estaba de acuerdo con el hecho de que se tuvieran en cuenta todas las recomendaciones del informe, después, junto con ERC, votaron en contra que la DGAIA siga las recomendaciones que hace la Sindicatura de Cuentas. Un elemento, por cierto, criticado por el diputado de Junts y exconseller de Economía, Jaume Giró: "No se entiende que se manifiesten en contra de la falta de transparencia y de rigor que se ha visto que había en la gestión de la DGAIA durante años, en un ámbito tan sensible como es la infancia y la adolescencia, con una falta de control del dinero público".
De hecho, Giró ha agradecido este jueves las palabras de Salazar. "Es un hombre austero en el uso de la palabra y cuando habla se lo tiene que escuchar", ha dicho Giró, que espera que todos los otros diputados hayan entendido el que quería dir. El ex consejero ha hecho un llamamiento a velar por el buen uso de los recursos y dinero de la Generalitat. "Son dramáticamente insuficientes. Espero que la Sindicatura tenga el apoyo de esta comisión", ha reivindicado el diputado de Junts.
¿Qué dice el informe?
Elaborado por la síndica Maria Àngels Cabasés, el informe asegura que la DGAIA contrató centenares de millones de euros a fundaciones del tercer sector saltándose la ley de contratos. Entre el 2013 y el 2020, la DGAIA otorgó 788 millones de euros a fundaciones privadas. "Ha habido falta de rigor en la configuración y la formalización de la duración de los servicios de la contratación de los servicios; en la previsión de los servicios; y en el cómputo de los importes del gasto que contenía datos incorrectos", aseguró la síndica en la comisión del Parlamento, desde donde explicó que la DGAIA contrató 154 centros por el procedimiento de emergencia sin los "motivos recogidos" en la ley de contratos. Junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales.