Los abogados responsables de la defensa de Quim Torra, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, mantienen la batalla para intentar parar su inhabilitación como president de la Generalitat, aunque esta se ha ejecutado y el Govern ha aprobado el decreto de sustitución de funciones.
El martes, presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al cual solicitaron la suspensión cautelar de la condena. Esta tarde han presentado ante el TSJC un recurso de súplica en que reclaman dejar sin efecto la pena de inhabilitación y que se suspenda la ejecución de la condena mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la suspensión.
Sentencia firme
Asimismo, en el escrito se denuncia la "nulidad manifiesta" de la ejecución de la sentencia dictada por el TSJC el 19 de diciembre del 2019, porque se ha hecho sin haber declarado antes que se trataba de una sentencia firme, tal como impone la ley de enjuiciamiento criminal.
Se trata de un error de forma que produce la enésima "vulneración de derechos fundamentales", denuncian citando "el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, de sufragio pasivo, de mantenerse en el cargo público para el cual se ha resultado escogido, así como el derecho a la legalidad penal". Los abogados argumentan que el Tribunal habría declarado firme la sentencia del Supremo y no la dictada por el TSJC el mes de diciembre.
Eso obligaría, según afirman, a dejar sin efecto el auto en que se dicta la ejecución de la sentencia.
Elbal y Boye, durante la vista del recurso contra la inhabilitación de Torra en el Supremo
La nueva ofensiva de los abogados ante el TSJC llega después de que esta mañana, y ante la resistencia del gobierno español a publicar en el BOE el real decreto de cese, el Govern ha aprobado esta mañana el decreto de sustitución de funciones del president.