Las palabras de Xavier Melero, el abogado defensor de Joaquim Forn, durante la presentación de sus conclusiones definitivas del juicio al procés habrán revuelto el estómago a más de un independentista. Él mismo lo ha reconocido durante su intervención, pero lo ha considerado necesario para rebatir las acusaciones de rebelión y sedición contra su cliente, el exconseller de Interior. Con un baño de realidad. "El 155 se acató inmediatamente, la Generalitat incumplió sistemáticamente el contenido de las leyes de desconexión y la proclamación de independencia", "El Govern no efectuó ninguna declaración de independencia, digan lo que digan ellos". Han sido algunas de las frases más reveladoras para desmontar las tesis de fiscalía y abogacía.

Forn es, después de Junqueras, el miembro del Govern por quien las acusaciones piden una pena mayor, hasta 16 años de prisión. Durante más de una hora, su abogado se ha dedicado a desmontar el uso de la violencia, necesaria a su parecer para atribuir y condenar por un delito de rebelión. "Lo que no se puede hacer es trivializar ni banalizar el concepto de violencia asociado a estos gravísimos delitos porque es una falta de respeto a los muertos de todos nuestros sangrantes pronunciamientos militares", ha criticado Melero, señalando "la más triunfal y brillante de las rebeliones de nuestra historia contemporánea, la del 18 julio del 36", es decir, el alzamiento de las tropas franquistas. En la misma línea ha rechazado que se utilice el "tópico trillado de golpe de estado" para referirse a los hechos de octubre. Según ha dicho, se trata de actos de "disidencia política", que ampara la Constitución. También ha censurado que la fiscalia se refiriera al nazismo en sus conclusiones. 

Desobediencia sí, DUI no

Bien al principio de su exposición, ha adelantado que "cedo con gusto la desobediencia, el señor Forn desobedeció al TC". Esta vez Melero, que combatió con vehemencia la acusación de desobediencia como abogado defensor de Artur Mas en el juicio del 9-N, no ha querido gastar mucho tiempo ni esfuerzos en este punto. Porque sabe que una de las grandes diferencias en relación al delito de desobediencia es que a partir del 9-N el Tribunal Constitucional decidió empezar a notificar por escrito a los miembros del Govern y del Parlament sobre todos los requerimientos que les hacían, cosa que no habían hecho con el Govern Mas, de manera tal que la desobediencia pudiera quedar probada mucho más fácilmente. A pesar de eso, Melero ha añadido que como conseller de Interior, Forn aprobó horas extra, modificó cuadrantes y aprobó una dotación extra de vehículos y dispositivos "con la única finalidad de reforzamiento policial al servicio de la fiscalía".

Donde más se ha extendido es en impugnar el concepto de rebelión, para el cual ha dicho, es imprescindible que haya armas. Para combatir los argumentos de la acusación ha sedimentado su informe en dos vías. La una, que en ningún momento el Consejo de Ministros actuó en consecuencia si es que lo que consideraba que se estaba produciendo en Catalunya a lo largo de 2017 tenía pinta de acabar en rebelión. Es decir, que no se habló de estado de sitio, ni activó el estado de alarma o de protección de las infraestructuras clavee -puertos y aeropuertos- ni siquiera puso en marcha los planes de contingencia que sí que emplearon para la boda de la infanta o durante el 11-M.

Pero en el otro lado, Melero también ha puesto la carga de la prueba en los hombros del Govern Puigdemont. Y lo ha hecho poniendo en evidencia que "el Govern incumplió la proclamación de los resultados del 1-O" que "incumplió sistemáticamente el contenido de las leyes de desconexión", que "no efectuó ninguna declaración de independencia digan lo que digan", que "el 155 funcionó perfectamente", que "no arriaron la bandera, no se comunicó nada al cuerpo diplomático y todo el mundo se adaptó al 155". El mismo Melero ha adelantado que "soy consciente de que esta versión de los hechos puede molestar a alguien, pero es lo que pasó". Para que acabara de quedar claro ha añadido que "el Govern no sólo no cortó amarras sino que hizo todo lo posible para ceder el poder y ponerlo en manos del Estado el 27-O".

Sobre la concentración en torno a la sede de Economía durante los registros del 20-S, Melero ha insistido en que allí tampoco hubo violencia. Para probarlo ha subrayado que no se detuvo a nadie, ni hubo lesionados y que el único desperfecto fue en una valla. "En una concentración de 40.000 personas, no está mal", ha concluido. Y se ha preguntado, "¿qué tendría que haber hecho la policía? ¿Disparar a matar?". Al mismo tiempo ha hecho pedagogía, diferenciando entre "massa, tumulto y chusma".

Los policías, víctimas de sus comandamientos

Ante las acusaciones de inoperancia de los Mossos, a los cuales se acusa de no haber cumplido la orden judicial de impedir el referéndum, Melero ha resaltado que "no hubo ningún cuerpo policial que la cumpliera", porque era imposible. En este sentido ha destacado que ni siquiera la violencia policial ejercida por la Guardia Civil cumplió con el objetivo de cerrar colegios o impidió votaciones. Es más, ha acusado al ministerio de Interior, ergo al Gobierno Rajoy, de no querer coordinarse con el cuerpo de Mossos d'Esquadra, "venían a hacer una intervención unilateral".

Melero ha criticado que el equipo de fiscales actúa con "dogmatismo" y ha recordado al tribunal que hay toda una serie de cuestiones que no son motivo de juicio en esta causa, "hechos totalmente irrelevantes" que ha enumerado: el Libro blanco de la Transición Nacional, el programa electoral de Junts pel Sí, la actuación policial o los Mossos d'Esquadra.

En este punto ha puesto de manifiesto que los policías de las fuerzas de seguridad del Estado "fueron víctimas de un grave déficit de organización buscado", de "la indeptitud de sus comandamientos, con un dispositivo aberrante que les condujo a una situación endemoniada que perjudicó su imagen pública." Todo con un único objetivo por parte de sus superiores, ha denunciado el abogado, que era "el propósito político que aquello no fuera un referéndum homologable". Al mismo tiempo, Melero ha sido muy crítico con el hecho de que las acusaciones imputen "a aquellos que convocaron el referéndum los más de mil lesionados durante el 1-O -1.000 civiles y unos noventa policías-. En contraposición con este hecho ha puntualizado que "los Mossos fueron los únicos que organizaron un dispositivo con cara y ojos".

En relación a la malversación, Melero ha pasado de puntillas y se ha limitado a recalcar que el Departamento de Interior que comandaba Forn contaba con un documento del Consejo de Ministros "avalando todos los gastos".

Visualiza a continuación el informe final de Xavier Melero, abogado defensor de Joaquim Forn: