El Gobierno pasó la patata caliente del CatalanGate al Defensor del Pueblo, que tenía que hacer una investigación exhaustiva sobre el espionaje al independentismo. Así lo prometió el ministro Félix Bolaños. Y en menos de un mes, Ángel Gabilondo ya ha concluido sus actuaciones de oficio. Lo ha hecho este miércoles, sin aportar muchas novedades de las que había. Solo ha "verificado" que, según su criterio, después de analizar la documentación, "la actuación del CNI se ha realizado conforme a la Constitución y la Ley en los casos examinados". Además, aunque su informe afirma que su misión surgió a raíz de las noticias del CatalanGate, no contiene ningún comentario sobre la afirmación de Citizen Lab que 65 personas habían sido espiadas, y simplemente acepta la cifra del CNI de 18 personas afectadas. El exdirigente socialista también aprovecha para valorar y agradecer la tarea de "transparencia" de los servicios secretos españoles en este caso. Unas conclusiones que seguramentte no satisfarán a los espiados.

De esta manera, el Defensor del Pueblo sostiene en un comunicado que "el CNI ha actuado con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial previo de las intervenciones de las comunicaciones que se han producido sobre una parte (18) de las personas aludidas en diferentes informaciones publicadas el pasado mes de abril". Entre los espiados con autorización judicial, como reveló Paz Esteban, estaban el president Pere Aragonès o el entorno del president Carles Puigdemont en Waterloo..

 

Después de examinar los autos del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Gabilondo sostiene que estos espionajes "estaban extensamente motivados" y destaca "el elevado grado de detalle" de la información en manos del juez que justifican las peticiones de intervenciones telefónicas. También constata "la existencia de un protocolo que articula la relación del CNI" con el magistrado que ofrece garantías plenas y que la normativa interna del organismo establece de forma precisa los procedimientos a seguir.

A modo de consideraciones, el Defensor del Pueblo destaca "el ejercicio de transparencia" del organismo de inteligencia en esta actuación. A pesar de todo, también recomienda "abrir una reflexión" sobre el control judicial de las intervenciones telefónicas. "Los veinte años transcurridos desde la ley y la evolución de las tecnologías en las últimas décadas, sumado a los cambios que están por venir, tienen que conducir a meditar sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente", concluye Gabilondo.

El Defensor del Pueblo no hace ningún comentario sobre la diferencia entre la cifra de más de 60 personas que Citizen Lab detectó que habían sido espiadas con Pegasus y los 18 casos que el CNI admitió y para los que dio autorización judicial. Todo ello a pesar de que admite que su misión surgió a partir de las informaciones mediáticas sobre la publicación del informe del CatalanGate en abril: la investigación tenía "la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones mediante el spyware Pegasus a las que aludían en aquellos días los medios de comunicación se habían llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico”.

¿La policía tiene Pegasus?

Una sesión de control más, el caso Pegasus ha estado presente hoy en el Congreso de los Diputados. De hecho, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha preguntado a Pedro Sánchez si la Policía Nacional o la Guardia Civil disponen de este programa israelí, un extremo que el propio presidente español ha negado. Ante los reclamos del diputado jeltzale, el dirigente socialista ha reafirmado su voluntad de investigarlo a través de diversos mecanismos (como el Defensor del Pueblo) y se ha comprometido a reformar la ley de secretos oficiales, como hace tiempo que reclama la formación vasca. "Estoy dispuesto a escuchar todas las propuestas que sean necesarias para mejorar su confianza", ha concluido.