El delegado de la Generalitat en Ginebra, Manuel Manonelles, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante la jueza que le ha notificado su procesamiento por malversación por haber autorizado un gasto de 172.400 euros para impulsar una campaña sobre Catalunya supuestamente vinculada en el procés.
Según fuentes jurídicas, Manonelles ha comparecido ante la titular del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que lo había citado para una declaración indagatoria, al lado del director general de medios de comunicación de la Generalitat, Ignasi Genovès, y tres cargos más de la Generalitat también procesados.
Se trata del actual director general de Relaciones Institucionales y exsecretario de Exteriores Aleix Villatoro, la directora de servicios de la misma conselleria, Marta Garsaball, y la directora de servicios de Políticas Digitales, Teresa Prohias, la única que se ha decantado por declarar ante la magistrada.
La jueza sostiene que Prohias firmó la adjudicación de un contrato relacionado con el referéndum por valor de 10.829,50 euros en la empresa Estudio Dada SL para que esta confeccionara los anuncios de una campaña de publicidad institucional con la cual informar sobre el registro de catalanes residentes en el exterior.
No obstante, según las mismas fuentes, Prohias ha desvinculado la adjudicación de este contrato de los gastos destinados a la organización y promoción del 1-O y ha ratificado la versión que defendió durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Tal como afirmó el marzo pasado ante el alto tribunal, el departamento de Presidència -del cual entonces formaba parte- no encargó contratos a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para los anuncios del 1-O, aunque tampoco supo explicar por qué el ente público remitió dos facturas por 93.179 y 184.624 euros.