Los "desórdenes públicos agravados", el delito que sustituye el de sedición rebajará la pena de prisión e inhabilitación a un máximo de cinco años. Si el delito lo comete un cargo público, la inhabilitación se podrá extender hasta los ocho años. Así consta en la proposición de ley que han presentado este viernes el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para hacer que el delito de sedición quede derogado. El presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, así como el portavoz de los socialistas, Patxi López, han sido los encargados de explicar en rueda de prensa cómo será este nuevo delito.

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En primer lugar, y tal como indica el texto presentado, se castigará con una pena de prisión de seis meses a tres años aquellos que "actuando en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, u obstaculizando vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o bien invadiendo instalaciones o edificios". La proposición concreta que estos hechos se castigarán con penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para cargo o empleo público cuando se cometan por una multitud con un número, organización o propósito idóneos para afectar gravemente al orden público.

Se trata de un texto que contempla que la pena aumente si se utilizan "instrumentos peligrosos", y todavía más si lo que se utiliza son armas de fuego. La proposición también pide castigar con una pena de medio año a dos años de prisión a aquellos que en un lugar concurrido provoquen una avalancha, estampida o reacción similar en el público que ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

La presentación de este texto ya ha marcado las primeras diferencias entre PSOE y Podemos. El primero a ofrecer una rueda de prensa ha sido Patxi López, y en ningún momento ha hablado de 'derogación', sino que ha utilizado el término "revisión" para referirse al delito de sedición. Además, durante una parte de su discurso ha presumido de esta modificación del Código Penal porque, según él, ahora los líderes independentistas podrán ser extraditados con más facilidad, ya que el delito queda "homologado" a los delitos europeos. De hecho, ha acabado su rueda de prensa diciendo que el president Carles Puigdemont tiene que presentarse ante la justicia española para ser juzgado.

Jaume Asens se ha distanciado bastante de este discurso y ha asegurado que, según su opinión, lo que pasó en Catalunya en otoño de 2017 tampoco no se enmarcaría dentro del nuevo texto presentado en el Congreso. "En Catalunya no hubo desórdenes públicos", ha reiterado al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la cámara baja. Él sí que ha asegurado que "el delito queda derogado", y ha calculado que, si todo avanza como desea Podemos y el PSOE, la propuesta puede aprobarse a finales de año.