Los tribunales vuelven a echar humo por supuestos casos de corrupción, especialmente en Madrid, con el caso Koldo, Alvise y los familiares del presidente español Pedro Sánchez. A pesar del ruido mediático, los delitos contra la administración pública -como son los delitos de soborno, tráfico de influencias y malversación de fondos público- no llegan en la prisión. ¿Por qué? Según los expertos, hay varios factores, pero el principal es la indulgencia con que son tratados, desde el legislador, pasando por el juez y los responsables de Justicia. Por ejemplo, como son difíciles de investigar, por la falta de mediados de los jueces (todo y las actuales mejoras en cooperación internacional), los tribunales siempre se ven obligados a aplicar dilaciones indebidas a los condenados, que implica rebajarlos los años de condena
Además, el Gobierno del PP reformó un artículo del Código Penal (art.80.3) para contabilizar las penas que no superen 2 años por separado, hecho que ha evitado la prisión a buena parte de los condenados. Una muestra evidente y reciente es que la Audiencia de Madrid ha condenado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (PP) a cuatro años y nueve meses de prisión por tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, de unos hechos del 2005 y 2015. Inicialmente, la Fiscalía pedía 63 años de prisión para Rato, que ya estuvo dos años encerrado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
Nuevo programa formativo
Sin embargo, no todo ha de pasar por la prisión. Para impulsar una conciencia ética y para luchar contra la corrupción pública, magistrados de la Audiencia de Barcelona solicitaron al Departament de Justicia poder derivar a personas condenadas a programas formativos relacionados con los delitos contra la administración pública, inexistentes hasta ahora, y que ya se hacen en otros delitos, como odio o contra la violencia machista. Los programas formativos son un modelo de medida penal alternativa (MPA), que se ofrecen a personas condenadas apenas de hasta 2 años de prisión. Se suspende su ingreso al penal si hace una MPA, la mayoría de las cuales son trabajos en beneficio a la comunidad. De la formación por delitos de corrupción pública, se inició un plano piloto y la Oficina Antifraude de Catalunya ha sido la que ha impartido esta formación a las cuatro primeras personas condenadas.
Reconocimiento de la actividad delictiva
Teresa Clavaguera, responsable de MPA del Departament de Justicia, hace una valoración positiva de la formación. "Los delitos contra la administración pública son conductas que se relativizan. El programa es útil y hay que seguir trabajando. Valoramos un cambio, un reconocimiento de qué se ha hecho. Una reflexión de que significa un servicio público", manifiesta Clavaguera, y admite que con estos pocos casos es reciente valorar su eficacia y si se alcanza el objetivo de toda condena, que es la reducción de la reincidencia.
La responsable del área de las MPA apuesta por seguir trabajando con organismos públicos y expone que una de las nuevas peticiones de formación es para hacer frente a condenas por maltrato de animales. Actualmente, en Catalunya hay 7.957 personas con una medida penal alternativa en la prisión, según los datos de los Servicios Penitenciarios de este diciembre. Solo constaban 14 personas por un delito contra la administración pública. La mayoría de delitos son de seguridad vial o de violencia machista. Se informa de que el año pasado se ejecutaron 2.500 programas formativos, de los cuales el 63% fueron sobre violencia de género, el 22% de educación vial y 7% de educación sexual, aparte de otros.
En las prisiones, no hay programas específicos para delincuentes de corrupción, como sí que hay para personas violentas o por violencia machista. Desde el Departament de Justicia se explica que "las personas que han cometido un delito de corrupción pueden tener necesidad de intervención en el tratamiento de la impulsividad, de las adiciones, de la temeridad, que son variables que tienen que ver con las necesidades criminógenas". Ciertamente, una persona puede desviar dinero público al tener una ludopatía o problemas con el alcohol. No obstante, los condenados por corrupción son personas, la mayoría, con un entorno social estable o que se considera socialmente correcto y tienen más oportunidades para obtener permisos y salir de la prisión, como el yerno del rey emérito, Iñaki Urdangarin, cuando pudo salir a trabajar a una entidad social.
¿Crimen sin víctima?
Antifraude ha diseñado que el programa formativo tenga una duración de 30 horas y nueve bloques temáticos. Hay reuniones presenciales y en grupo, aunque sobre todo la persona puede hacer la formación en su casa a través de unos programas en línea en el ordenador.
Se precisa que la parte central del programa está formada por 7 bloques: percepción de la corrupción y actitudes ciudadanas; dilemas éticos; gestión de los conflictos de interés; transparencia y acceso a la información pública; denuncia de la corrupción y protección de las personas alertadores; e impacto de la corrupción. Y finalmente, se hace una entrevista por concluir.
Lourdes Parramon, responsable de Relaciones Institucionales Antifraude, es bien clara: "En Antifraude sabemos qué es la corrupción y que no todo es un delito económico." Actualmente, hay más controles a la administración, mecanismos de transparencia y organismos como Antifraude, pero Perramon denuncia que "hay una indulgencia muy grande en la sociedad con estos delitos porque es como un crimen sin cadáver".
Por eso, uno de los ámbitos destacados de Antifraude es hacer formación a funcionarios públicos desde ayuntamientos a otros organismos para prevenir y "promover la integridad". Parramon también valida el programa formativo a condenados. Precisa que "no se tiene que menospreciar la formación, pero se tiene que hacer bien", y declara: "No se trata de evangelizar, sino que las personas tengan una ética profesional pública, que valoren dónde trabajan."
Además, la responsable de Antifraude precisa que "la Oficina considera, muy importante que los tribunales sean rigurosos con el seguimiento del programa y se eviten los sesgos en el tratamiento de este tipo de infracciones". Se refiere a que "los autores son perfiles cualificados, con alta inserción laboral, prestigio y consideración profesional, habilidades, que pueden jugar injustamente a favor suyo y provocar un tratamiento clasista, asimétrico y privilegiado".
Parramon apuesta para hacer pedagogía y que se explique que "sin corrupción, tendríamos más escuelas, más hospitales, y más inversiones". Al mismo tiempo admite que es difícil la lucha frente a los "lobbies, de gente con estatus y conexiones con el legislador", que provoca que "se persiga más al delincuente de la calle", cómo han acordado ahora todas las administraciones con los delincuentes multirreincidentes, mientras se aplaza una respuesta contundente al problema del acceso a la vivienda.
En este sentido, la responsable de Antifraude confiesa que a pesar de los instrumentos de control, actualmente hay "un déficit en la persecución de los delitos económicos", además "no se consideran peligrosos ni se criminalizan, como el fraude fiscal". Las cifras le dan la razón.
Sin casos de corrupción en el Supremo
El Tribunal Supremo, que investiga personas aforadas -como los diputados en el Congreso- no ha tenido ningún caso en instrucción ni ha juzgado a ningún acusado de delitos de corrupción en la administración y corrupción política en el primer trimestre de 2024, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, en el repositorio sobre este delito, que publica desde el 2017. El año 2023 tampoco registró ningún caso. Los Tribunales Superiores de Justicia, que investigan a políticos de parlamentos autonómicos, tampoco registraron ningún caso.
Las audiencias provinciales son las que acumulan más casos y en el 2023 fueron: 40 personas en Andalucía; 25, en el País Valencià, 11 en Canarias, 7 en Murcia, 5 en Catalunya y cero en Madrid.
Con respecto a los centros penitenciarios catalanes, con 8.595 presos, solo hay 3 funcionarios que cumplen condena por falsedad documental; 3 personas por soborno, 1 por tráfico de influencias, ya en libertad condicional, y 9 por blanqueo de capitales.
"La delincuencia económica se castiga poco y mal, y en todas las fases", concluye Lourdes Perramon.