La demanda del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha obligado a España a pagar 166.000 euros para cubrir los gastos de la defensa en Bélgica.

Según el diario El Español, hasta julio pasado, la defensa desplegada por el Estado ante la demanda de Puigdemont, en manos del abogado Hakim Boularbah, había requerido el pago de un total de 166.628,62 euros.

De todos modos, el coste de la defensa será aún superior, ya que los políticos exiliados han anunciado un recurso contra la decisión del Tribunal de Bruselas. Mientras tanto, la Justicia belga mantiene suspendidas las órdenes de entrega de Puigdemont y Comín hasta que el Parlamento Europeo decida sobre el suplicatorio cursado por Llarena para que se les levante la inmunidad, que en caso de darle la razón pondría en contador a cero.

Los costes de la demanda

La entonces ministra de Justicia, hoy fiscal general, Dolores Delgado, aunque inicialmente se resistiera, acabó autorizando la contratación de Boularbah, con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ("esta no es una cuestión privada, sino que de Estado", dijo el presidente). De la cantidad total utilizada, 138.392,48 euros fueron pagados antes de enero de 2020, cuando Delgado cesó de ministra.

De hecho, el tribunal belga impuso en Puigdemont y al resto de demandantes los gastos del proceso. Pero el ministerio de Justicia no ha formulado todavía ninguna reclamación por este concepto. "Los costes directos e indirectos que supondrían para el Ministerio iniciar este procedimiento excederían la cantidad que podría reclamar eventualmente, dado que la solicitud de las costas solo podría ascender a 180 euros", explica.

La demanda a Llarena

Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig alegaron en el junto de 2018 ante el Tribunal de Bruselas que Llarena "violó la ley de la UE" en relación con "la libertad de expresión, los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia" por su instrucción del caso del 1-O y que los afectó durante su estancia en Bélgica.

Los políticos exiliados defendían que las declaraciones del magistrado ponían de manifiesto la "parcialidad y partidismo" del juez, que estaba tratando de "desacreditar la acción política" de los demandantes y que quería "instaurar un clima perjudicial" contra ellos.

La demanda censuraba el proceso penal en instrucción y las euroórdenes cursadas por Llarena para la detención y entrega de los exiliados, que según Puigdemont y los consellers implicaba una "vulneración flagrante de las reglas que rigen la presunción de inocencia".

El tribunal de primera instancia de Bruselas tardó cerca de dos años en desestimar inicialmente la demanda. No ha sido hasta el pasado 27 de marzo cuando el tribunal de Bruselas ha hecho referencia al principio de Derecho internacional público que "un Estado no tiene el poder de juzgar a otro" y que esta inmunidad de jurisdicción incluye también a los jueces, que son "órganos del Estado" que realizan "actos de soberanía" al ejercer su función jurisdiccional.

Las palabras del magistrado

El magistrado, al ser preguntado por si en el Estado español había "presos políticos" contestó lo siguiente:

"Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo.

Estas fueron las palabras que llevaron a los demandantes a defender que "se había atacado su reputación y honor".

La réplica de los exiliados

En este sentido, Toni Comín explicó que "el juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas, sino que también lo ha echado de su acción jurisdiccional, fuera de los tribunales en que expresa estos perjuicios que demuestran que estamos siendo perseguidos por nuestras ideas", haciendo referencia a las palabras del Llarena.

Carles Puigdemont, por su parte, intervino desde Alemania por videoconferencia y destacó que "están siendo perseguidos por la ideología de un juez". También expuso que la estrategia judicial también "sirve para recuperar las libertades de los compañeros que están en la prisión".

 

Imagen principal, Pablo Llarena / ACN