Amnistía Internacional (AI) reprocha a España en su informe anual la detención del president en el exilio, Carles Puigdemont, en el Alguer y advierte que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazados en el estado español. En su informe anual, pone como ejemplos la ausencia de reforma de la ley mordaza pero también la aplicación del código penal en casos como la condena y entrada en la prisión de Pablo Hasel o el uso "excesivo" de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad para disolver manifestaciones. Entre este sitúa el uso inadecuado de las bolas de foam, que provocó que una mujer perdiera un ojo en Catalunya. Por otra parte, denuncia la "impunidad" al Estado por la situación en las residencias durante la pandemia y la "doble vara de medir" con los refugiados.

En el 'Informe de Amnistía Inernacional 2021/2022: la situación de los derechos humanos en el mundo', la organización afirma que la única buena noticia del 2021 fue la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart después de cuatro años "en que nunca tendrían que haber estado en la prisión". Sin embargo, recoge que en septiembre Puigdemont "fue detenido en Italia en aplicación de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum celebrado el 2017 en Catalunya y la posterior declaración de independencia". El texto recuerda que las autoridades italianas le dejaron en libertad al día siguiente y suspendieron los trámites para la extradición a la espera de que los tribunales de la UE se pronuncien sobre su inmunidad.

La organización insiste que tanto en España como en Catalunya la principal "violación" de derechos humanos durante la pandemia se dio en las residencias. El director de AI en España, Esteban Beltran, ha asegurado que el 2021 ha sido el "año de la impunidad" ya que no se ha declarado ningún culpable por estos hechos ni ningún grupo parlamentario ha dado apoyo a la apertura de una comisión de verdad.

Sobre la pandemia, apunta también que en el 2021 se ha producido una "otra pandemia" que ha sido la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores y otros con problemas de salud mental. Ha añadido que eso ha puesto en riesgo la salud física y mental de estos colectivos y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario "próximo al colapso", especialmente con respecto a la atención primaria.

Con respecto a los refugiados, ha lamentado la doble vara medir ya que por una parte se están haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a los que llegan a España procedentes de Ucrania o Afganistán, pero no se actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución. "No podemos un día acoger con los brazos abiertos a los que escapan de la guerra, y el día siguiente golpear con extrema brutalidad a las personas que saltan la valla en Melilla", dice Esteban. Añade que no se pueden hacer devoluciones en caliente, incluso de menor, y no justificarlo todo con el control migratorio. Sobre el estado español también, afirma que hay legislaciones pendientes como el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual o la de la vivienda que podrían hacer avanzar los derechos humanos en el Estado.

Sin recuperación justa de la pandemia

En su mirada internacional, AI denuncia que no se ha producido una recuperación justa de la pandemia sino que los dirigentes políticos y los gigantes del mundo empresarial han antepuesto sus beneficios. El informe concluye que los estados y las grandes empresas han profundizado en la desigualdad social. En primer lugar menciona que en el 2021 sólo un 4% de las personas que vivían en países de ingresos bajos habían recibido la pauta completa de la vacuna al acabar en el 2021. Y es que recuerda que la Unión Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos acumularon más vacunas de las que necesitaban, mientras "miraban hacia otro lado" cuando las farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas. En este sentido, critica los beneficios de estas farmacéuticas pero también el papel de las empresas de redes sociales por su contribución a la desinformación.

AI ha escogido África para presentar su informe como ejemplo de esta situación de desigualdad. Y es que menos del 8% de la población del continente tenía la pauta completa de vacunación contra la covid-19 al acabar en el 2021. Critica también la "inacción global" para abordar varios conflictos abiertos en el mundo y en la denuncia de atrocidades como la de Myanmar, las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria. Por último, dice que al menos 67 de los 154 países examinados introdujeron en el 2021 nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión. Entre otros, en Estados Unidos y el Reino Unido. Se trata del 43% del total. Además, se detuvieron defensores de los derechos humanos en al menos 84 países y en 85 (55%) hubo denuncias creíbles sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas estatales.

El último informe

A finales del pasado mes de enero Amnistía Internacional denunció la deficiente actuación de la Fiscalía por aclarar las más de 35.000 defunciones de personas mayores en las residencias durante los primeros meses de pandemia, que fueron archivadas la mayoría, incluso sin el testigo de los familiares. Cuando justo se cumplían dos años de la detección del primer caso de coronavirus en España, la entidad junto con familiares de algunas víctimas exigieron a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice el ocurrido en las residencias durante la pandemia, ofrezca respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.