El Gobierno que lidera Pedro Sánchez pidió amparo y la ONU ya ha contestado. Después de analizar las iniciativas de los gobiernos de coalición de PP y Vox en varias comunidades autónomas para derogar las respectivas leyes de memoria histórica y sustituirlas por unas llamadas leyes “de concordia”, ahora Naciones Unidas alerta e insta a España a “tomar las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos”. Los técnicos de la ONU alertan de que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos”, ya que, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, webs y actividades de memoria histórica”, “pueden suponer límites en el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” y “obstaculizan o suprimen la subvención a proyectos”. Lo consideran, en suma, un revisionismo que puede vulnerar derechos de las víctimas e invisibilizar los crímenes de la dictadura.
El informe de Naciones Unidas está firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas; y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Estos expertos internacionales alertan de que las iniciativas de la derecha española pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial franquista”. Además de la ONU, el Ejecutivo estatal tiene la intención de llevar las leyes “de concordia” derechistas al Tribunal Constitucional (TC) y ha pedido amparo también al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.
Un “revisionismo” que “evita nombrar o condenar el régimen franquista”
El texto de la ONU argumenta que estas leyes “de concordia” de PP y Vox “evitan nombrar o condenar el régimen franquista” y subraya que contribuye a reavivar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura. En concreto, los relatores de Naciones Unidas alertan de la ley que impulsa al gobierno de coalición derechista en el País Valencià, que al meter en un mismo paquete a las víctimas de la Segunda República, del terrorismo de ETA y del terrorismo islámico, hace “desvirtuar”, señalan, el objetivo último que tendría que ser “atender las necesidades y derechos de los centenares de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”. El informe de los relatores de Naciones Unidas también menciona de forma crítica las leyes que PP y Vox han impulsado en Castilla y León y en Aragón por la supresión de iniciativas de memoria.
Cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y memoria
Finalmente, los relatores de la ONU recuerdan que todas las instituciones españolas y los poderes del Estado, del nivel que sean, se tienen que comprometer a proteger los derechos humanos y preservar la memoria histórica hacia las graves violaciones de estos, a riesgo que si se incumple eso se corre el riesgo de “comprometer la responsabilidad” de España y de la ONU. En este sentido, el informe señala que España firmó y tiene que cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas (2009).