Una cuarentena de historiadores, archiveros y activistas denuncian que la Generalitat y la ley Memoria Democrática de Catalunya, que ahora se tramita en el Parlament, "pone obstáculos injustificados" a la investigación histórica, al derecho de la sociedad a saber a verdad y a identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, según un manifiesto que han difundido este lunes y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Los historiadores Agustí Alcoverro, Joan Villarroya y Pep Cruanyes, forman parte de la lista de firmantes del manifiesto, que va dirigido a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y a la de Cultura, Natàlia Garriga.

En el manifiesto, se sostiene que "el conocimiento de los nombres de las personas que sufrieron violaciones, y los responsables de las violaciones es un objetivo necesario de conocimiento para alcanzar la verdad y, al mismo tiempo, un medio de reparación de las personas afectadas" y que "nunca se puede considerar una intromisión del derecho a la intimidad ni al honor, sino que es un medio necesario para restablecer el derecho a la dignidad de las personas".  Sin embargo,  se indica que la ley de Memoria Democrática incluye "unas disposiciones restrictivas inaceptables en el derecho de investigación, que forma parte de la libertad de expresión".

 

Derechos confrontados

El abogado e historiador Pep Cruanyes expone que actualmente se está limitando el acceso a documentación a personas afectadas, a sus familiares y a investigadores que impiden aclarar los hechos, como recuerda que recogen los tratados de la ONU. Un caso reciente es el de una persona que participó en una huelga de hambre cuando estaba en la prisión de mujeres y se han borrado de la documentación entregada los nombres de las otras mujeres participantes.

El argumento de la administración es que limita la información para cumplir la norma de protección de datos y el derecho al olvido o el derecho a la intimidad. Para los historiadores esta restricción "se hace de manera absolutamente desvinculada del contexto en que se tiene que realizar la investigación", y añade que "no se articulan conceptos de cómo hacer posible y necesaria la investigación histórica a fin de que se puedan cumplir los objetivos de la ley de la memoria, de verdad, justicia y reparación; esenciales en una sociedad democrática que ha sufrido vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en regímenes autoritarios y totalitarios".

Afirman que los diferentes órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) "han proclamado reiteradamente que, dentro de la justicia transicional en la cual se enmarca la ley de memoria, es esencial el derecho a la verdad como medio para poner fin a la impunidad de las violaciones graves sobre derechos humanos cometidos en regímenes autoritarios". Necesidad - se sostiene- que incluye el derecho a identificar a los responsables de las violaciones y las circunstancias en las cuales se cometieron, como también la obligación de los estados a conservar los archivos que son prueba de estas violaciones individuales y colectivas".

En el manifiesto se insiste en que "es contradictorio" que el proyecto de ley proclame el derecho a la verdad, justicia y reparación en una extensa relación de violaciones individuales y colectivas que sufrieron personas e instituciones durante la guerra y el franquismo, "mientras que al mismo texto imponga una interpretación restrictiva del derecho de acceso a la documentación y a la investigación".

Muerte y 50 años después

En el manifiesto, se precisa que el concepto de derecho al olvido "es un concepto que los tribunales han relacionado especialmente con los buscadores digitales", no para las investigaciones. También se recuerda que "el derecho a la protección de datos deja de ser efectivo con la muerte de las personas" a investigar o en haber pasado 50 años de los hechos. 

Se concluye que "al ser actos de represión política, la restricción del acceso a los datos y documentos causa un perjuicio a las víctimas, ya que mantiene el silencio y la invisibilización que les sometió el Estado; es decir, mantiene la impunidad". Por todo eso se exige que "se haga una regulación clara y precisa que garantice el derecho a la investigación histórica y la efectividad de las políticas de justicia transicional, con la debida protección de los fondos archivísticos, partiendo de los principios de interés general, de libertad, y de exigencia y responsabilidad personal como principios generales".

 

En la foto principal, una de las concentraciones para reivindicar que la comisaría de la Via Laietana sea convertida en un centro de memoria, que convoca cada mes la Comisión de la Dignidad y otras entidades delante del edificio. / Foto: Montse Giralt