Human Rights Watch, la organización internacional de defensa de los derechos humanos, ha asegurado en un informe que "la policía española utilizó una fuerza excesiva cuando se enfrentó a manifestantes en Catalunya utilizando porras para atacar personas que no representaban ninguna amenaza."
Spain: Police Used Excessive Force in Catalonia https://t.co/0uIOX4typd
— Human Rights Watch (@hrw) 12 de octubre de 2017
Para elaborar el informe han hablado con víctimas y testigos de las cargas y se han revisado pruebas fotográficas y médicas ya que HRW ha recibido muchas alegaciones de afectados denunciando los hechos.
"Nuestra investigación detallada en tres casos ha concluido que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza". Es lo que asegura Kartik Raj, un investigador de HRW de la Europa Oriental, que añade que "la policía quizás tenía la ley de su lado para aplicar una orden judicial, pero eso no los daba el derecho a utilizar la violencia contra manifestantes pacíficos".
El informe expone que aunque el Tribunal Constitucional declaró el referéndum inconstitucional este se celebró y que por eso "se enviaron policías nacionales y guardias civiles para ayudar a los Mossos". Cuando menos, la organización subraya que una de las órdenes judiciales que tenían era "respetar la coexistencia entre ciudadanos y se enfrentaron a protestantes pacíficos".
Human Rights Watch destaca que hubo 893 heridos aunque "el ministro de Interior español sólo hizo referencia a los heridos que eran miembros de algún cuerpo policial".
Otro de los temas que se tratan en el documento es la justificación de la violencia por parte del gobierno español que asegura que fue "prudente, apropiada y proporcionada"; unas afirmaciones que HRW no comparte.
Investigación efectiva
Por su parte, la ONG para los derechos humanos asegura que hace falta una "investigación efectiva" de la actuación policial y recomienda que se haga a través "de un organismo internacional independiente" teniendo en cuenta las tensiones actuales entre los gobiernos catalán y español.
Además, HRW dice que la UE y los estados europeos "tendrían que dejar claro públicamente que cualquier uso de la fuerza tiene que cumplir con las leyes nacionales y la normativa europea de derechos humanos".